La plataforma de afectados por los impagos de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, cuya liquidación supuso el reparto de una deuda de 42 millones de euros entre los once municipios que la componían, ha advertido este miércoles de que los extrabajadores de Gesalquivir S.A., una sociedad instrumental de la Mancomunidad, siguen sin cobrar sus salarios atrasados e indemnizaciones por despido, pese a contar con sentencias que condenan solidariamente a la Mancomunidad a satisfacer dichos pagos.
Mediado 2014, recordémoslo, el pleno de la Mancomunidad aprobaba definitivamente su expediente de liquidación, que repartía entre todos estos municipios, siete de ellos de la provincia de Sevilla y cuatro de Cádiz, una deuda superior a los 42 millones de euros merced a su participación en la institución y otros aspectos como las deudas pendientes de pago entre los ayuntamientos y esta administración. Todo ello tras el colapso económico de esta administración, que arrastraba impagos millonarios a su plantilla, proveedores y administraciones.
Después, la Junta de Andalucía concedió a estos once ayuntamientos anticipos reintegrables, con cargo a su Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), para que hiciesen frente al pago pendiente de la extinta Mancomunidad con los extrabajadores y proveedores de la misma y garantizar también los servicios públicos y la estabilidad económica de estos municipios.
Pero hace ya un año del anuncio de tales medidas y como avisa a Europa Press Manuel Ángel Caro, portavoz de la plataforma de afectados por la quiebra de la citada institución, aunque los más de 150 extrabajadores de la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir cobraron sus salarios atrasados e indemnizaciones por despido, no ha sucedido lo mismo en el caso de los cerca de 50 empleados de Gesalquivir S.A, una sociedad instrumental de la Mancomunidad.
Y es que, según explica, mientras «el 90 por ciento» de los trabajadores de Gesalquivir cuentan con sentencias de los juzgados de lo Social que condenan a pagar sus nóminas atrasadas e indemnizaciones por despidos a la mencionada empresa y «de forma solidaria» a la Mancomunidad, sólo uno de ellos habría cobrado «el 60 por ciento» de las cuantías demandadas. Por eso, ha reclamado medidas a la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández (PSOE).