El juez ha concluido al cierre de la instrucción que CDC cobró comisiones de la empresa Ferrovial a cambio de adjudicar a la constructora obras públicas, y que presuntamente camuflaron estos pagos como donaciones de patrocinio a través del Palau de la Música.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona ha dado por finalizada la instrucción e insiste que presuntamente Ferrovial «abonaba, por regla general, una comisión del 4 por ciento del importe de la obra pública adjudicada» por la Generalitat y otras instituciones públicas.
De este 4 por ciento, un 2,5 se asignaba a CDC y el 1,5 restante era supuestamente para el presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y para su mano derecha, Jordi Montull.
Por parte del partido, presuntamente intervinieron en el desvío de fondos el extesorero Carles Torrent –fallecido en 2005–, su sucesor, Daniel Osácar, y el que entonces era un destacado militante y abogado Jaume Camps; también lo hicieron «otros altos responsables del partido» pero cuya identidad no ha sido posible desvelar, según el juez.
Entre las obras por las que CDC cobró supuestas comisiones están la construcción de la línea 9 del Metro, la Ciudad de la Justicia y un pabellón en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
Más allá del supuesto desvío de fondos a CDC, el juez concluye que entre 2003 y 2009 Millet y Montull se dedicaron a «un verdadero expolio de los fondos» del Palau de la Música: lo hicieron presuntamente apoderándose directamente de fondos, abonando gastos particulares con ello o destinándolo a pagos a terceros.
LA CAUSA YA SE HABÍA CERRADO
El juez también ha decidido continuar la causa contra el exdirectivo de la constructora Pedro Buenaventura, después de que sus abogados pidieran el archivo por considerar que había prescrito y además exculpa al exdiputado de CiU Jaume Camps.
Ya había cerrado la fase de instrucción con anterioridad pero ha tenido que volver a hacerlo después de que la Audiencia de Barcelona ordenase apartar de la causa a Camps, con lo que la Fiscalía y la acusación popular deberán presentar nuevamente sus escritos de acusación.