La sentencia de Tribunal Supremo, notificada el pasado 5 de diciembre, establece la legalidad del acuerdo adoptado en el Convenio de Alarcón y fundamenta su decisión en que este Convenio nunca fue recurrido, siendo además una sentencia firme, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.
Pese a ello la alcaldesa ha declarado que la misma es «totalmente injusta y contraria a los intereses de los albaceteños», aludiendo a que sus esfuerzos estarían centrados en trabajar para rebatir esta cuestión hasta la última instancia.
Por ello el servicio jurídico del Ayuntamiento se puso a estudiar el asunto y ahora han abordado una nueva estrategia frente a las cantidades que se reclaman por los regantes valencianos ya que el equipo de Gobierno se ha opuesto formalmente frente a esta liquidación que suponen 1.200.000 euros a las arcas municipales.
En concreto el Ayuntamiento de Albacete alegará para su defensa la inadmisibilidad de la cuestión por defectos de forma y la prescripción en el ejercicio de la acción de cobro por parte de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), acción de cobro que debían haber ejercitado en el plazo de cuatro años desde que se notificó la liquidación.
Según la alcaldesa, habiendo transcurrido este plazo, la acción de cobro que pretenden se entiende prescrita y por tanto no procede su exigibilidad.
Con esta nueva demanda, que se interpone a las tres liquidaciones giradas frente al Ayuntamiento de Albacete, «el equipo de Gobierno de Carmen Bayod da un paso más en defensa del agua de la ciudad y de los intereses de los vecinos de Albacete».