La directora xeral de Avaliación de la Xunta, Natalia Prieto Viso, ha afirmado que la Xunta «ultima» un protocolo de actuación para las personas que, en el ámbito de la Administración pública, denuncien situaciones de acoso laboral. Sin embargo, la diputada del Grupo Mixto Carmen Iglesias ha cuestionado el compromiso del Gobierno gallego ante la respuesta dada en el caso tras la denuncia presentada contra el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar Blanco.
«En este país las personas que denuncian o son testigos de casos de corrupción son perseguidas», ha reprobado, en su intervención en la Comisión Institucional Carmen Iglesias, del Grupo Mixto, quien ha recordado que jueces y fiscales progresistas han pedido normativas específicas para la protección de testigos de casos de corrupción, así como garantías económicas y en el puesto de trabajo.
En respuesta a la parlamentaria, la directora xeral de Avaliación ha explicado que el Gobierno gallego «ultima los trámites» del protocolo, y ha afirmado que se «cerraron las negociaciones» el pasado 13 de octubre con los sindicatos. Al respecto, ha indicado que espera que «este mismo año, en las próximas semanas» lo apruebe el Consello de la Xunta y puedan aplicarse las medidas que contengan.
Sin embargo, los sindicatos niegan que se haya acordado ningún protocolo firmado y, según han comentado a Europa Press representantes de UGT, CIG y CC OO, están, precisamente, a la espera de que la Administración autonómica les comunique si acepta sus alegaciones.
Fuentes de la Vicepresidencia de la Xunta consultadas por Europa Press en relación a lo que han dicho los sindicatos, han reconocido que «falta un fleco por cerrar» y han explicado que se abordará directamente en la Mesa Xeral de Negociación de la Administración pública en próximas fechas.
Una de las principales peticiones que hacen los sindicatos es que la persona que quiera denunciar no tenga que hacerlo ante la secretaría xeral que le corresponda por su departamento, ya que supondría que «un alto cargo decida sobre otro» puesto de confianza, presumiblemente.
De esta manera, las centrales sindicales piden que la denuncia se pueda tramitar directamente ante el comité de intervención que se cree y en el que habrá representación sindical, además de la Administración, y sea éste el que estime la denuncia y proponga la apertura, en su caso, del expediente administrativo.
PROTOCOLO
En la comisión parlamentaria, Natalia Prieto Viso ha explicado que se trata de un protocolo de prevención y actuación de acoso laboral en el ámbito de trabajo y en él están «incluida la protección» a las mujeres. Agregó que este documento significa que se «abrirá una fase de investigación» en el caso de que haya una denuncia y se activarán los mecanismos de protección.
«A todas las personas que denuncien situaciones de acoso, se les ofrecerá amparo y también asistencia de la asesoría jurídica para emprender las acciones oportunas que se consideren adecuadas», ha indicado la alto cargo de la Xunta en el Parlamento.
Además, ha avanzado que este protocolo será «aprobado en las próximas semanas» con el Consello de la Xunta, después de que el 13 de octubre de este año «se cerraran todas las negociaciones con los sindicatos», conversaciones que, sin embargo, los sindicatos no dan por concluidas, al no haber «firmado» ningún acuerdo y presentar diferencias con el último texto presentado.
Durante su intervención, Prieto Viso ha puesto el acento en que la Xunta de Galicia ha puesto en marcha «una serie de mecanismos de control que se entendían que eran necesarios para poner fin a conductas reprobables o ilícitas», al respecto de lo que ha destacado las «50 medidas» y las cinco leyes que el presidente de la Xunta citó en el debate del Estado de la autonomía de 2014.
Así, ha mencionado las actuaciones, entre las que ha destacado la reforma del Consello de Contas, órgano fiscalizador ante el que los ciudadanos podrán presentar denuncias de supuestos casos de corrupción con el fin de que se investiguen.
«Se reforzaron los mecanismos para aumentar el control interno y externo y también para aumentar la participación ciudadana», ha reivindicado la directora xeral de Avaliación de la Xunta.
DISCURSO «MUY CONTRADICTORIO»
Sin embargo, la parlamentaria del Mixto ha considerado que el discurso de la Xunta le resulta «muy contradictorio», puesto que en el caso de la mujer que ha denunciado al presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, la actitud de la Xunta no coincide en el caso Baltar, pese al «caso evidente» de «supuesta corrupción» en las contrataciones de la institución provincial.
«Me habla de un protocolo, de que se protegerá a la denunciante», ha enunciado Iglesias, al respecto de lo que ha añadido que en el caso de la denunciante ourensana «no sólo no se ampara a la denunciante, sino que el presidente del PP, que es el presidente de la Xunta de Galicia, da una respuesta y hace unas declaraciones en las que criminaliza a la víctima y exculpa al presunto autor de acoso sexual y presunto corrupto».
Por eso, ha concluido, sobre el protocolo de la Xunta y su aplicación: «Hasta que no lo vea, no lo creo». «En este país, quien se atreve a denunciar a un político, aun juez, a un fiscal o a un cura, está muerto. Y quien se atreve a denunciar al baltarato, al califa, en el emirato ourensano, está muerto», ha sentenciado –a modo de metáfora según explicó después– la diputada independiente.
Frente a esta intervención, Prieto Viso ha apuntado que la labor judicial «es fundamental para poder actuar en consecuencia» y que «mientras que no exista un esclarecimiento de los hechos, hay que ser prudentes y no hacer otro tipo de juicios paralelos».
Dicho esto, ha insistido en que la Xunta «reforzó los medios para actuar contra este tipo de conductas» y ha defendido la reforma del Consello de Contas para «prevenir este tipo de casos», en referencia a la corrupción en la Administración.
«Y se protege a aquellas personas denunciantes que tengan sospechas de algún responsable público de algún acto de corrupción. Este protocolo se pondrá en marcha con todas las consecuencias que implica», ha aseverado.
Prieto Viso ha abundado en que la Administración autonómica «tiene los mecanismos suficientes para prevenir las conductas y que se protejan a las personas testigos que puedan tener información de este tipo de delitos».