En este sentido, el coordinador técnico de la Oficina de WWF en Doñana, Juan José Carmona, ha precisado a Europa Press que la asociación a la que representa se opone a seguir adelante con el plan incluyendo al dragado como una actuación de excepción y que, al respecto, WWF sigue remitiendo a Europa documentación que actualiza el caso «para que se siga presionando a España», dadas las recomendaciones desde Bruselas y organismos como la Unesco para desistir de esta actuación.
De esta manera, Carmona ha asegurado que el colectivo estudia dos vías: o bien la presentación de un nuevo procedimiento judicial, o bien la instancia al Supremo para que analice si «se burlan de la sentencia con subterfugios», ya que, al margen de consideraciones sobre el daño al estuario o si procede realizar la intervención, el fallo establecía la nulidad de la calificación de dicha obra de dragado como «medida complementaria».
En concreto, la sentencia anulaba las disposiciones del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir que hacen referencia al dragado del canal del Puerto de Sevilla, una solución que consideraba no conforme con el ordenamiento jurídico, cuya necesidad no está «justificada» y que no puede ser concebida como una medida complementaria. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), de su lado, tachaba el defecto de un «error de forma» y reconfiguró el plan aprovechando el periodo de alegaciones.
En cuanto a la Junta andaluza, ésta emitió un voto particular en el marco del Consejo Nacional del Agua para reiterar su disconformidad con algunos puntos del proyecto. En concreto, el consejero, José Fiscal, apuntaba que el Gobierno andaluz no puede admitir la inclusión del dragado en profundización del Guadalquivir en dicho plan.