UPA estima que el precio establecido para los 30 Hm3 de la desaladora de Torrevieja, de 30 céntimos/m3, al que hay que sumarle IVA y peajes, «supone una rebaja sustancial del precio del agua desalada», pero «sigue suponiendo un precio elevado que encarecerá significativamente los costes de producción» y, dependiendo de la evolución de los precios en campo, «condicionará la rentabilidad de los agricultores», especialmente los productores de hortalizas.
Para UPA, con el compromiso expresado por la ministra Isabel García Tejerina, «el Gobierno de España palía en parte y sólo transitoriamente los efectos negativos de la entrada en vigor de las nuevas normas de explotación del Tajo-Segura derivadas del famoso Memorándum, verdadera causa legal que, en última instancia, dificulta o impide la realización de trasvases en estos momentos».
Por todo ello, UPA recuerda la necesidad de «no relajarse» y seguir trabajando para garantizar la disponibilidad de agua para regadío para todo el año hidrológico por lo que, sin restar valor a lo conseguido, reclama «huir de triunfalismos transitorios y anima al presidente Pedro Antonio Sánchez y a la consejera Adela Martínez-Cachá «a mantener el esfuerzo junto con agricultores y regantes para la consecución de soluciones estructurales y definitivas».
Por otra parte, en relación a la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, de partidas económicas para la realización de obras de infraestructuras hidráulicas «absolutamente necesarias», UPA hace un llamamiento a todas las formaciones políticas para «vigilar su mantenimiento en cualquier circunstancia», dada la amenaza existente de una reelaboración de los presupuestos ante las reiteradas indicaciones al respecto por parte de la Comisión Europea.