En este sentido, ha considerado que «va a marcar un antes y un después» en cuanto a las presiones que se están produciendo sobre los representantes de los trabajadores, según ha manifestado en declaraciones a Europa Press. La Audiencia Nacional considera que ha sido vulnerado el derecho a la libertad sindical.
En palabras de Hoya, la sentencia constata que «la empresa ejerció un chantaje sobre la representación de los trabajadores», al conminarles a activar el despido de trabajadores de la sección de bañeras de Alcalá de Henares, cuyos puestos no estaban afectados por el ERE, para recolocarse ellos. Por otra parte, instó a dimitir a los representantes sindicales si querían mantener la planta de Alcalá de Guadaíra abierta.
Según Hoya, la sentencia reconoce que el derecho de preferencia de permanencia que corresponde a los representantes de los trabajadores «no es un privilegio, sino una garantía» para poder negociar el despido colectivo sin estar sometido al mismo.
La decisión de la Audiencia Nacional, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que podrá presentarse en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación de la sentencia, obligaría a la empresa a readmitir a los trabajadores.
Los trabajadores afectados ascienden a 227 de la planta de Alcalá de Guadaíra, que ha cerrado, y 249 de la planta de Alcalá de Henares, donde permanece la sección de bañeras.
Además de «una agradable sorpresa», para Hoya esta sentencia es «muy importante», porque «va a tener una importancia fundamental para el futuro». A su juicio, «la Audiencia Nacional ha hecho un trabajo excepcional».