La apertura del expediente es la primera fase de un procedimiento de infracción, y las autoridades españolas disponen ahora de un plazo de dos meses para presentar sus alegaciones; si no convencen al Ejecutivo comunitario, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE.
«La Comisión considera que son de esperar efectos significativos en el medio ambiente, incluyendo en las personas, en este caso debido a la naturaleza y la localización del proyecto en cuestión», expone en un comunicado.
Añade que ello es previsible «especialmente si se toma en consideración el hecho de que la línea eléctrica que va a mejorarse será de muy alta tensión y atraviesa una de las regiones más densamente pobladas, el área metropolitana de Barcelona».
Por ello, el Ejecutivo comunitario considera que «antes de autorizar el proyecto, las autoridades competentes deberían haber determinado si este proceso debería que haber estado sujeto a una declaración de evaluación de impacto» y tendrían que haber informado a los ciudadanos.