Durante una concentración secundada junto al edificio judicial de la Caleta, estos sindicatos han señalado que las tasas judiciales, ya implantadas, están suponiendo un obstáculo al ciudadano para acceder a justicia y, de hecho, el número de procedimientos donde se aplica está bajando, pues «la gente no acude a los tribunales porque no puede hacer frente a estas tasas».
Respecto a los registros civiles han criticado que, tras una inversión de 130 millones de euros, ahora se pretenda «privatizarlos» y «regalarlos a los registradores de la propiedad».
Para estos sindicatos la implantación de los Tribunales de Instancia supondrá la desaparición de los Juzgados de Paz, de las Audiencias Provinciales y de todos los partidos judiciales, lo que interpretan como un «alejamiento de la justicia de los ciudadanos» que además «supondrá una pérdida enorme de empleo público».