Según ha informado el defensor del pueblo catalán en un comunicado, disponer de viviendas para alquiler social sería una de las soluciones para garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos en plena crisis social y financiera.
Ha criticado la «lentitud» del Gobierno español y del Congreso de los Diputados para actuar y abordar a fondo modificaciones legislativas que ofrezcan soluciones razonables y justas a las personas en situación de sobreendeudamiento, algo que cronifica la problemática y provoca situaciones de desprotección e inseguridad jurídica, según ha valorado.
El defensor del pueblo catalán considera que se debe aprovechar la prórroga otorgada por el Tribunal de Estrasburgo para encontrar solucione para las familias afectadas de Salt (Girona), por lo que ha instado a la Sareb y a la Dirección General de Vivienda a hacerlo.
El Síndic de Greuges ya recomendó hace un año que se destinaran a alquiler social el 30% de los inmuebles obtenidos a bajo coste y que se rebajara la deuda de las personas en situación más precaria, entre otras medidas.