Según ha expuesto el sindicato en una nota, «durante la presente semana la Administración no repone el papel de oficio que se necesita para expedir los documentos oficiales en el Registro», de modo que «los ciudadanos que acuden a este servicio y no consiguen su documentación pueden sufrir graves perjuicios».
Tras avanzar que este lunes presentará «una reclamación al Ministerio de Justicia, responsable de suministrar el material», STAJ ha apuntado su temor a que, «ante la inminente privatización de los registros civiles, esta sea una maniobra más para empeorar el servicio».
«Esta situación puede ser una manipulación ciudadana para inducirla a pensar que la privatización es consecuencia de un mal servicio», cuando dicha privatización, según es «público y notorio», únicamente «irá en beneficio de los registradores de la propiedad», según el sindicato, que apostilla que entre los profesionales de dicho colectivo se encuentran «el presidente del Gobierno, dos hermanos y diferentes familiares del anterior ministro de Justicia y allegados al Gobierno».
Según el STAJ, «se han presentado más de 50 quejas por escrito de ciudadanos por no poder recibir sus documentos en el Registro Civil de Sevilla por no tener papel de oficio para su expedición». Además, el sindicato, «en apoyo» de sus «compañeros», ha llamado a los ciudadanos a «realizar quejas por escrito ante esta situación de paro obligado por la propia Administración, y en reclamación de su derecho a acceder a la Administración de Justicia sin dilaciones».
También ha realizado un «público llamamiento a los ciudadanos a acudir en apoyo del mantenimiento del Registro Civil público, gratuito y en la Administración de Justicia, como viene siendo en sus 145 años de existencia», y a acudir así a la protesta que este sábado aunará a «los trabajadores de los registros civiles de toda España» en Madrid, «donde marchará la marea amarilla contra la privatización de los registros civiles, apoyados por STAJ y otras organizaciones».
Desde el sindicato se resalta que «una actuación simple en el Registro de la Propiedad privado le costará al ciudadano más de 25 euros», y «un pensionista deberá, para poder cobrar una subida mensual de dos euros, abonar de su bolsillo 25 para poder cobrarla anualmente». «Un nuevo pensionazo encubierto», remacha el STAJ.