El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno autónomo, José Luis Saz, ha presentado el proyecto de ley, señalando que «ahonda» en el principio de no incrementar la fiscalidad de los aragoneses.
Ha incidido en el impuesto de sucesiones, que sigue rebajándose, especialmente en el caso de la sucesión de padres a hijos, ha defendido las bonificaciones para las personas discapacitadas y ha resaltado la apuesta por el territorio, que se concreta en esta ley en las ayudas por nacimiento o adopción de hijos.
El presidente del Grupo de CHA, José Luis Soro, ha criticado que el Ejecutivo pretende llevar a cabo «modificaciones sustanciales del ordenamiento jurídico», ya que resultan afectadas 14 leyes. «No se puede hurtar a los representantes de los aragoneses la posibilidad de debatir», ha dicho.
Ha echado en cara al consejero que se reforma la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley de Cajas, la de Turismo y dos normas relacionadas con las viviendas protegidas, así como la Ley de Patrimonio Cultural, la de Consumidores y Usuarios y la de Administración Local.
El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha dicho que esta ley es «tramposa» porque cambia varias normas «de tapadillo». Barrena ha rechazado el artículo 135 de la Constitución, ha apoyado la fiscalidad progresiva y directa, «redistributiva».
Adolfo Barrena ha propuesto debatir sobre una banca pública aragonesa, la garantía de un «mínimo vital» para que a ningún ciudadano le corten la luz o el agua si no puede pagar y ha afirmado que el Gobierno vuelve a demostrar su «talante liberal». Ha tildado de «antidemorática» la inclusión de varias reformas legislativas en la Ley de Acompañamiento.
En representación del PSOE, Ana Fernández ha expresado que el Gobierno no tiene un modelo tributario «para atajar la crisis», que sigue el mismo modelo que el año pasado y que carece de ideas sobre como incrementar los ingresos autonómicos. Ha alertado contra el desmantelamiento de la sanidad pública.
El parlamentario del PP, Jorge Garasa, ha señalado que esta es una ley ordinaria «y como tal se está tratando», añadiendo que «ahonda en la máxima seguridad jurídica». Se han ponderado todas las medidas que más gravan a los ciudadanos, ha indicado.
El diputado del PAR, Antonio Ruspira, ha afirmado que esta ley es «una herramienta útil, eficaz, eficiente».