El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, ha abogado por que el tratamiento de la Justicia a la infanta Cristina se base en «exclusivamente» en el principio de igualdad ante la Ley» y ve con «absoluta normalidad» que las posturas del fiscal y del juez José Castro en el »Caso Urdangarín» sobre la imputación de la hija del Rey no sean «coincidentes».
«Nadie debe escandalizarse», ha opinado este jueves Tolosa al ser cuestionado por la investigación del »Caso Urdangarín» y las relaciones entre el fiscal anticorrupción y el juez instructor del caso, José Castro, en un encuentro con los medios de comunicación.
Según ha señalado es algo que puede ocurrir, y de hecho ocurre, «con absoluta normalidad». «Si todas las decisiones o todas las peticiones del Misterio fiscal fueran adoptadas acríticamente por los tribunales de Justicia probablemente una de las dos instituciones estarían sobrando», ha dicho el presidente del TSJC.
Y lo ha justificado en el hecho de que cada una de ellas tiene «cometidos diferenciados» lo que puede llevar a la existencia de diferentes criterios.
Sobre la investigación del juez Castro, Tolosa ha asegurado que «siempre» es «absolutamente respetuoso» con las decisiones de los jueces y ha abogado por que se deje a los jueces actuar y por «esperar a que tomen las decisiones finales» dentro de este proceso.
En su opinión, y aunque lo «entiende» desde el punto de vista mediático, «no es conveniente» el estar «permanentemente» en cuestión decisiones «intermedias» del juez en una investigación que, como esta, es «sumamente compleja».
Respecto al tratamiento a la infanta Cristina, Tolosa se ha limita do a expresar su «deseo» y «convencimiento» de que «lo que procede» es el que el tratamiento «a cualquier persona que se someta a un tribunal» se bese «exclusivamente en el principio de igualdad ante la Ley».
RENOVACIÓN CGPJ
En el encuentro con los medios de comunicación Tolosa también ha sido cuestionado por otros asuntos de trascendencia nacional vinculados a la Administración de Justicia, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las críticas que ha despertado en la vida política y también en algunos sectores de la carrera judicial.
Tolosa ha reconocido que empezar así «cuanto menos es complejo» para las personas que han sido designadas para el CGPJ, a las que ha deseado «todos los éxitos» ya que está «convencido» de que si logran cumplir con su función de preservar la independencia de los jueces se conseguirá una Justicia «más correcta» y «mejor».
A preguntas de los periodistas, ha opinado que iniciar un mandato teniendo opiniones contrarias dentro de la propia carrera judicial la situación «se complica».
En este sentido, el presidente del TSJC se ha referido, aunque sin entrar a valorarlo, al documento suscrito por los jueces decanos reunidos en Sevilla, que ha tildado de «tremendamente crítico» con el sistema que ha culminado en la elección de los nuevos vocales y del presidente del CGPJ.
A su juicio, la polémica suscitada en torno a su renovación afecta sobre todo a la justicia, más allá de las críticas que ha suscitado entre los políticos.
TASAS JUDICIALES
La ley de tasas judiciales que entró en vigor en 2013 ha sido otro de los asuntos que han salido a relucir en este encuentro de los medios de comunicación con Tolosa, quien ha opinado que, al menos, en lo relativo al objetivo de reducir la litigiosidad «no se ha logrado», al menos en Cantabria.
Ha señalado que las nuevas tasas judiciales en Cantabria están teniendo un efecto «inapreciable» en la litigiosidad, que se mantiene «estable» a pesar de la entrada en vigor de esta ley-
Como prueba, ha añadido de que si esta se redujo un 2,6% en el primer trimestre del año –algo que ha atribuido a que muchos litigantes decidieron adelantarse a la entrada en vigor de la ley y presentaron sus recursos y demandas en el último de 2012– en el segundo trimestre de 2013 creció un 2,7%.
Para Tolosa, si la ley de tasas judiciales consigue lograr un descenso de la litigiosidad será «esencialmente» en la vía del recurso, pero no en la de primera instancia.
En este sentido, el presidente del TSJC considera que la cuantía de las tasas judiciales para los recursos deberían ajustarse a unos «límites más razonables».
También en lo relativo a la recaudación que se ha conseguido por las tasas judiciales, y basándose en los datos del Gobierno de España, Tolosa ha resaltado que parece que lo ingresado ha sido «bastante menor» de lo previsto y no ha tenido el efecto previsto en este sentido.
Además, ha señalado que, al parecer, tampoco se va a cumplir el que, según ha reseñado el presidente del TSJC, iba a ser el «primer objetivo» de las actuales tasas, que era la financiación de la justicia gratuita, pues se incurre en una «ilegalidad».
Según ha apuntado, y a la vista de que las tasas no pueden tener una finalidad específica, el presidente del TSJC ha señalado que el Ministerio se está «replanteando» este objetivo.
COMPETENCIAS
Cuestionado también sobre las competencias en materia de Justicia, Tolosa ha opinado que «no es conveniente» que haya doce comunidades que tengan asumidas las de Justicia, entre ellas Cantabria, y cinco que sigan dependiendo del Ministerio de Justicia.
A su juicio, esa «dispersión» de órganos de poder y de centros de poder en este ámbito es «uno de los elementos que más distorsiona» el funcionamiento de la Justicia en España.
Tolosa ha señalado que el hecho de que, en este momento, estén por una parte los jueces, por otra los funcionarios de la comunidad autónoma por otra y en otra los secretarios que dependen del Ministerio de Justicia genera una «amalgama en la que todo el mundo manda pero nadie decide».
También el presidente del TSJC se ha mostrado contrario en que el tema de las competencias de las comunidades autónomas se base en «cuestiones coyunturales» o «de oportunidad», como la situación económica y ha opinado que este es un planteamiento que, a su juicio, no resulta «excesivamente riguroso».
DEFENSOR DEL PUEBLO
En el encuentro con los medios también ha salido a relucir una información publicada en los medios de comunicación sobre la figura del defensor del pueblo autonómico que tienen algunas comunidades autónomas, no así Cantabria, y los costes que genera acudir a ellos.
Tolosa ha señalado que si es cierto que, como se ha publicado, presentar una queja ante el defensor del pueblo autonómico cuesta el doble que hacerlo ante la que esta misma figura pero a nivel estatal, actualmente Soledad Becerril, sería como para «revisar» el funcionamiento de esas instituciones por criterios de «eficiencia» y «eficacia administrativa».
En este sentido, ha resaltado que el hecho de que Cantabria decidiese, a su juicio «acertadamente», no crear esta figura, no hace que los ciudadanos de esta comunidad autónoma se encuentren en una situación de «especial desprotección» frente a los de aquellos de comunidades que sí tienen esta figura.
Aunque ha defendido que las comunidades autónomas deben dotarse de una estructura organizativa propia para cumplir sus fines, Tolosa ha expresado sus «dudas» en que para «reafirmar» esa autonomía haya que crear y duplicar figuras que ya existen y funcionan adecuadamente.