Según el escrito del Fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos se remontan a julio de 2009 cuando a consecuencia de investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional se tuvo conocimiento de que el matrimonio formado por S.G.A. y O.G.M. se dedicaba a suministrar sustancias estupefacientes (heroína y cocaína) a personas con las que concertaban citas telefónicas acudiendo a las inmediaciones del domicilio de los acusados o a otros establecimientos para proceder a la venta.
Tras montar un dispositivo de vigilancia a los acusados se pudo comprobar cómo se realizaban pases de sustancias estupefacientes. Además, se interesó la intervención de los teléfonos de ambos donde a través de términos previamente concertados se constató como también utilizan este método para concertar las ventas.
A través de las conversaciones telefónicas intervenidas y de las vigilancias se constató que los acusados se proveían de sustancias en un local regentado por otro acusado, J.R.S., y al que con frecuencia acudía otro de los acusados, A.D., a estas dos personas también se les intervino los teléfonos.
Durante las vigilancias a dicho establecimiento también se comprobó cómo se procedía a la venta de dichas sustancias. Finalmente y a través de más intervenciones telefónicas se comprobó cómo el quinto acusado J.M.E. adquiría sustancias para venderlas a terceras personas.
En la distribución de sustancias estupefacientes intervenían también los dos últimos acusados L.A.J y R.N.S. En el domicilio de estos últimos se pudo comprobar cómo llevaban a cabo dicha venta interviniendo a las personas que acudían al domicilio diferentes papelinas de heroína y cocaína.
Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por lo que procede imponer a los tres primeros acusados la pena de cuatro años de prisión y a los cuatro últimos cinco años de cárcel, en total 32 años de prisión, y diferentes multas económicas para cada uno de ellos.