Según se recoge en el escrito de acusaciones, el fiscal pide para el acusado una pena de cinco años y medio de prisión y una multa de 22 meses a razón de 15 euros diarios.
La Fiscalía considera acreditado que durante ese período, F.J. V.S.V. era el «director/responsable técnico» de la ITV de Daimiel y «convino» con titulares de diversas empresas de importación y compraventa de vehículos que los técnicos se desplazarían a sus locales para inspeccionar los vehículos en lugar de que, como era preceptivo, dichas empresas los llevaran a la sede de la ITV.
Tras esa inspección, considerada «irregular», el acusado firmaba la documentación oficial y el certificado acreditativo como si las revisiones se habían realizado en la ITV «con manifiesto desprecio a la verdad».
El 3 de marzo de 2007 el Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico (GIAT) inició una investigación y, tras la negativa del acusado a entregar la documentación que se le solicitaba, finalmente, consiguieron una orden judicial que les permitió incautarse de la documentación relativa a los vehículos inspeccionados entre 2005 y 2007.