Según han informado a Europa Press fuentes de la formación magenta, la Cámara autonómica ha comunicado a UPyD que la iniciativa ha sido rechazada por la Mesa pero no las razones de esta decisión, por lo que el partido liderado por Rosa Díez está a la espera de que la Cámara autonómica le informe detalladamente del porqué.
Estas mismas fuentes aseguran estar «tranquilas» porque entienden que se debe tratar de algún error «meramente formal», razón ésta por la que el Parlamento les requerirá «algunas aclaraciones o cumplimentaciones» a lo largo de los próximos días.
Pese a ello, lo que indudablemente ha provocado esta no admisión a trámite ha sido un cambio en el calendario previsto por UPyD para comenzar la recogida de las 40.000 firmas necesarias para conseguir el objetivo de la ILP. En principio, la formación pretendía iniciar la campaña el próximo 8 de julio, algo que tendrá que posponer seguramente a principios de septiembre al ser agosto un mes inhábil en la Cámara.
LA ILP
El texto registrado por UPyD en el Parlamento defiende que es «imprescindible» contar con un sistema electoral que garantice «una proporcionalidad elevada, una coherencia en el reparto» de los votos y, por tanto, «equidad».
Para ello, buscan la «máxima igualdad del valor del voto» y proponen que se modifiquen los artículos 17 y 18 de la Ley Electoral Andaluza para que, entre otras cosas, y aun manteniendo los 109 diputados, a cada provincia le corresponda un mínimo inicial de cinco de ellos, y que los 69 restantes se distribuyan entre las provincias en proporción a su población.
UPyD también quiere abrir las listas electorales para mejorar la participación de los electores en la designación de sus representantes, de manera que todos los candidatos que aparezcan en una lista tengan las mismas posibilidades de salir elegidos. Además, pretenden que el ciudadano también pueda calificarlos, si lo desea, como excelentes, muy buenos, buenos, aceptables, malos o muy malos y, en función de estas »notas», ordenar las listas.
Reforzar el régimen de incompatibilidades de los diputados; reducir los gastos electorales de los partidos mediante la supresión de la subvención para el envío directo y personal de papeletas, propaganda o publicidad institucional; y mejorar la distribución de tiempos durante el periodo electoral en los medios de comunicación, son otras de las propuestas de esta ILP.