La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Carmen Gallego, ha criticado este lunes el proyecto de Ley de Inclusión Social, por entender que «llega tarde, sin acuerdo con los ayuntamientos ni con el sector, y sin presupuestos». De hecho, ha interpretado que el objetivo del texto normativo, «poco resolutivo e incoherente», es «lavar la cara» al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
En rueda de prensa, la socialista ha argumentado que el proyecto «llega tarde» en que, si bien fue redactado durante la pasada legislatura, no fue remitido a la Cámara hasta el tramo final del mandato, de modo que su aprobación quedó en suspenso debido al adelanto electoral. Además, no fue retomado tras la constitución del nuevo Parlamento, sino que, como ha dicho, se postergó hasta «finales de mayo».
«La lucha contra la exclusión social no es una prioridad política del Gobierno de Feijóo», ha concluido Gallego, quien ha denunciado que el número de familias gallegas en riesgo de exclusión social está «aumentando» mientras la Xunta «desmantela por la vía de los hechos» la Ley de Dependencia y prosigue «con la sangría de recortes que empobrece al país».
Junto con ello, ha arremetido la exconselleira contra la disposición del proyecto normativo que fija que «se adaptará a las disponibilidades presupuestarias», de modo que sus principios podrán ser «conculcados cuando interese». En este sentido, ha aludido a un informe de Consello Galego de Relacións Laborais que señala el «incumplimiento» del marco económico pactado en el Diálogo Social.
A mayores, Gallego ha echado en falta el consenso del denominado »tercer sector», el que agrupa a las entidades solidarias, en el mencionado proyecto legal, así como el de los ayuntamientos, «el primer frente de batalla» contra las necesidades sociales. «Son los que tienen que trabajar codo con codo con la Xunta en la lucha contra la exclusión social», ha incidido.
PLAN URGENTE
Tras avanzar que su grupo presentará una enmienda a la totalidad de esta ley, la dirigente socialista ha reclamado «un plan urgente» para atender a los 662.000 gallegos que viven por debajo del umbral de la pobreza, a las 93.000 familias con todos sus miembros en paro y a las 33.000 familias que no tienen ningún ingreso.
No obstante, Carmen Gallego ha considerado que tanto este plan como «una ley actualizada» para actuar sobre la exclusión social entrarían «en contradicción con la práctica política diaria» del Gobierno autonómico.
Se ha referido así a la «ralentización» que sufre la concesión de la Renta de Integración Social de Galicia (Risga), al «cobro» del transporte y los comedores escolares, a la «anulación» de la gratuidad de los libros de texto y al copago farmacéutico, entre otras medidas.