Afirma en un comunicado que «la ciudadanía no está para un debate estéril ni tanta foto, sino para actuar en consecuencia», por lo que si entienden que hay que tomar alguna decisión cuando un informe policial realiza una serie de apuntes, «tiene toda la legitimidad del mundo para hacerlo con los apuntados en su propia disciplina» antes de exigírselo a otros. «Si el PP actuara con la misma celeridad que propone, tendrían que salir corriendo de su sede de la calle Génova que fue presuntamente construida con una contabilidad en B, según un juez. O ya podría haber explicado los sobresueldos de Moreno Bonilla», ha añadido.
Porque si desde el Partido Popular se entiende que hay que tomar medidas sobre determinados informes «deben saber, y si no, se lo recordamos, que tienen a todos sus portavoces imputados en la Diputación por situaciones diferentes sin que hayan tomado ninguna iniciativa. Que tienen unas grabaciones donde se menciona lo que se menciona con unas acusaciones muy graves. Y que existen informes de la Guardia Civil en los que se apunta al origen de una trama de corrupción como la Gurtel, que seguro que les suena, presuntamente relacionada con el entorno de Javier Arenas. Preocupaciones sobre las que no suelen hacer valoraciones». «En particular, Virginia Pérez podría empezar a pedir explicaciones y responsabilidades a su cuñado Ricardo Tarno, que aparece presuntamente vinculado a la Gürtel en los cuadernos de la trama».
En este sentido, defiende José Muñoz que el informe de la Guardia Civil sobre el caso ERE es uno más «de un proceso que se ha extendido durante cinco años en el tiempo y que está dando lugar a episodios sinceramente extraños, y actuaciones y cauces que no se ajustan a la legalidad», como son las notificaciones de »preimputaciones» que se han querido desarrollar en el Congreso y en el Senado, «cinco años en los que el Partido Popular nos exige medidas precipitadas que no toman cuando los informes los apuntan a ellos. Es de agradecer que desde el Congreso y desde el Senado no tengan la misma medida. Pero después de cinco años, sólo podemos pedir que termine la instrucción y que se definan responsabilidades».
Para concluir, asegura Muñoz que «tiene el PP la oportunidad magnífica de sumarse a la Ley de Trasparencia que ha propuesto el PSOE para evitar situaciones bochornosas en el futuro y debates sobre exigencias que sólo pueden conllevar el hastío de la ciudadanía ante tanta fotografía y tanta pose».