En este sentido, el diputado de la coalición Nel Martí ha aseverado que este nuevo anteproyecto es «diferente de los dos que hasta ahora se han expuesto en trámite de audiencia, y en el que aún se recorta y se minusvalora más el conocimiento y el uso del catalán en el ámbito de la administración pública». Asimismo, la formación nacionalista y ecologista ha destacado varias de las modificaciones.
En primer lugar, según el PSM-IV-ExM, el nuevo redactado establece que mientras la administración no determine en la Relación de Puesto de Trabajo los lugares que tengan como función principal la información y la atención al público o los que por sus características especiales sea imprescindible el conocimiento de un determinado nivel de catalán quedarán excluidos de este requisito.
Además, «añaden una nueva disposición que modifica la Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las Policías Locales de Baleares, en el sentido de eximir a los policías locales y los auxiliares de policía de los conocimiento de lengua catalana como requisito de acceso y de provisión».
La formación ha señalado que cada nueva versión del anteproyecto no hace más que «profundizar» en el hacer del catalán «una lengua innecesaria a la administración pública».
«ABSOLUTO DESPRECIO A LOS CIUDADANOS QUE HAN HECHO SUS ALEGACIONES»
Por otra parte, los nacionalistas y ecologistas han criticado la «forma de actuar del presidente Bauzá» y han reseñado que utilizar una nueva versión de anteproyecto cuando aún no se han contestado las alegaciones supone un «desprecio absoluto al trámite de audiencia, y una burla a las 12.057 personas que han expresado su posición».
Así, según la coalición, el Govern debería hacer caso a los juristas de Baleares y ha recordado que éstos han remitido a los diputados un informe en el que, entre otras cosas señala que «la supresión de esta capacitación como requisito para el acceso a la función pública «entra en contradicción directa con el estatuto de oficialidad otorgado hasta ahora en catalán».
«En la actualidad, la administración autonómica, los Consells Insulars y los ayuntamientos siguen el modelo denominado de bilingüismo de los servicios y bilingüismo de los agentes. Es decir, los aparatos administrativos en su conjunto, y todos los empleados públicos que les sirven, deben estar preparados para garantizar plenamente el derecho de opción lingüística que asiste individualmente a todos los ciudadanos».
Finalmente, han opinado que la actual posición del PP en materia lingüística rompe el consenso del 1986, y el marco de mínimos sobre los que la Comunidad Autónoma había edificado las relaciones lingüística.