Para Barceló, la modificación de la ley de función Pública para que el catalán deje de ser un requisito para acceder a la función pública, para pasar a ser un mérito, supone una medida que «agrava la desigualdad social y jurídica que existe entre catalán y castellano y que ésta sólo puede haber sido promovida desde una ideología radical claramente escorada hacia el nacionalismo español más unionista».
En este sentido, ha aseverado que -aunque la Ley de Normalización Lingüística y el requisito lingüístico «no soluciona la desigualdad jurídica entre las dos lenguas oficiales, al menos, garantizan la igualdad de acceso a la función pública y el mínimo cumplimiento de los derechos lingüísticos de los ciudadanos».
Para finalizar, el portavoz de la coalición ha afirmado que el Govern «sólo se preocupa de aprobar medidas antimallorquinas, antimenorquinas y antiibicencas», que van en contra de la lengua y cultura propia de Baleares y ha criticado que «aún está esperando las medidas que el PP había prometido para reactivar la economía y crear puestos de trabajo».