El PP ha rechazado la proposición no de ley sustanciada por EUPV para solicitar que la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente devuelva al Ayuntamiento de Alicante el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad o que, al menos, se suspenda «con carácter cautelar» mientras el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), mantenga la instrucción de una de las piezas separadas del »caso Brugal» por presuntas irregularidades en la tramitación de este plan.
El diputado del PP Miguel Zaragoza ha defendido que el PGOU de Alicante «tiene que seguir» y, «si en algún momento la Conselleria observa algo que es anormal lo devolverá al Ayuntamiento», y si el Ayuntamiento lo quiere rescatar, «lo pedirá». Así, ha advertido de que «si ha habido conducta inadecuada, los jueces sabrán qué hacer con ello» pero «devolverlo al Ayuntamiento supone atrasar la ciudad de Alicante», ha remarcado Zaragoza, quien ha apuntado que no sabe «si ha habido algún uso fraudulento porque no hay sentencia todavía».
Por otro lado, el sentido de la votación del PSPV, que se ha abstenido –EUPV y Compromís han votado a favor– ha provocado los reproches de la diputada de EUPV Esther López, por considerar que los socialistas ponen «a la ciudadanía alicantina por debajo de sus intereses». El »popular» Miguel Zaragoza ha aprovechado para comentar que «el tripartito empieza a fracturarse y sin haber empezado todavía».
Un punto en el que ha coincido la oposición es que la redacción del PGOU de Alicante se realizó antes del comienzo de la crisis, en una época de «especulación masiva que no se va a volver a dar», según la diputada de Compromís Mireia Mollà, y con unos precios del suelo «que no son adecuados a las demandas actuales», ha agregado el socialista Francesc Signes.
En la defensa de la propuesta de EUPV, su diputada Esther López ha recordado que el PGOU de Alicante fue aprobado provisionalmente el 31 de mayo de 2010 y fue remitido a la Conselleria para su aprobación definitiva. Sin embargo, actualmente se encuentra inmerso en un proceso judicial en el que están imputados la actual alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, y el promotor inmobiliario Enrique Ortiz. Además, ha remarcado que «diversas sentencias» han anulado la aprobación definitiva del conocido como Plan Rabasa, que forma parte del PGOU de Alicante.
«SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN»
López, además, ha incidido en las «sospechas de corrupción y presunto amaño que afectan al nuevo plan general», por lo que, con todo esto, ha reclamado que se devuelva el plan al Ayuntamiento. «Falta voluntad política para retirarlo porque evidencias hay de sobra», ha declarado.
El diputado socialista Francesc Signes ha argumentado que «no es razonable anular todo el trabajo realizado, ya que la ciudad de Alicante no puede seguir sin PGOU, porque lleva 15 años» sin una planificación y «considera conveniente» proceder a la aprobación definitiva del suelo urbano «que permita la gestión urbanística diaria» y la suspensión de la aprobación de las «determinaciones del suelo urbanizable que es donde se circunscriben las sospechas de corrupción», para que se revise. La propuesta «garantizaría que no se paralice el normal funcionamiento de la ciudad», ha afirmado.