Según ha informado el PP a través de una nota de prensa, Delgado ha dicho que el Principado generó unas expectativas y realizó unas promesas «que no se han cumplido», lo que ha provocado la «frustración» de unas entidades sociales «que han suplido durante décadas las carencias y la falta de estructura pública para atender a las personas discapacitadas».
La diputada del PP ha reclamado al Gobierno del socialista Javier Fernández que, en paralelo a la licitación del servicio de transporte, adopte las iniciativas que puedan «reparar los daños patrimoniales que, con su actuación, ha provocado a las entidades asturianas del tercer sector».
«Creemos que es de justicia y que existen instrumentos suficientes para poder sufragar los perjuicios que se les ha ocasionado y que les han situado en una situación de mayor debilidad de la que ya se encontraban», ha manifestado.
En este sentido, Victoria Delgado ha explicado que el Principado tiene «margen suficiente» para rebajar los rigores de la ley de Contratos Públicos, y añadió que con las reformas planteadas por el PP, como la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública y la modificación de la ley de Servicios Sociales, se podrían «atenuar» determinadas exigencias legales.