El Defensor ha mostrado su apoyo y respaldo explícitos a esta iniciativa legislativa, por cuanto la misma representa el avance y consolidación de los derechos fundamentales de las personas transexuales en Andalucía y por la eliminación de todas aquellas situaciones de discriminación y desigualdad que impedían la normalización social de su condición personal.
Sin embargo, ha querido destacar también que es necesario acompañar esta normativa con medidas que garanticen que sus principios y criterios sean asumidos por la sociedad y por quienes ostentan responsabilidades en los ámbitos públicos, económicos, sanitarios, jurídicos o educativos.
Para la institución, esta proposición de ley representa «un paso fundamental hacia la normalización y la integración de las personas transexuales y transgénero», al incluir en su articulado no solo el reconocimiento del derecho a la libre autodeterminación de la identidad de género, sino también una serie de derechos concretos que hacen posible que se convierta en una realidad a efectos sociales, administrativos, jurídicos o económicos.