En su intervención en la comisión de fraude del Parlament, ha indicado que en el caso que instruye la Audiencia Nacional «se trata de construir un supuesto que se adecúe a un tipo delictivo».
«No he ganado contratos por agenda política sino presentándome a los concursos», según él, y defiende que se ha presentado cumpliendo las condiciones exigidas y concurriendo en condiciones muy duras y competitivas.
El diputado de ERC Oriol Amorós le ha recordado la operativa que describe el fiscal: se adjudicaba un proyecto urbanístico a una empresa del entorno de García, y ésta esperaba una modificación del plan urbanístico obteniendo una plusvalía por cambio de usos que revertía en el adjudicatario y no en el municipio.
Ante esta teoría, el exdiputado ha declarado: «Efectivamente usted describe lo que es una pura y dura especulación. No responde a la más mínima realidad».
«En ningún caso mis actuaciones como promotor inmobiliario han estado basadas en esta lógica perversa que manifiesta el fiscal e informe policial», ha dicho, además de asegurar que quedará ampliamente acreditado.
Para »Luigi», las operaciones que llevó a cabo en estos tres municipios se realizaron cumpliendo «estrictamente con la legalidad» desde el punto de vista urbanístico y económico.
Ha negado que se recalificaran terrenos después de su intervención y ha indicado que en todo caso cambiaron los usos, pero siempre que ocurre es después de un estricto proceso que aprueba el Ayuntamiento y en que la empresa promotora debe asumir una compensación y unas cargas.
Ha indicado que tiene «una relación de muchos años de amistad» con el exalcalde socialista de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y el exconcejal de Urbanismo Manuel Dobarco, pero que nunca ha tratado con ellos operaciones urbanísticas.
Según él, en la causa no hay nada que pueda inducirse que ha tratado operaciones urbanísticas con Muñoz o cargos municipales: «No he tratado nunca con ellos».
SIN CUENTAS EN EL EXTRANJERO
Sobre si tiene cuentas en el extranjero, ha declarado: «No tengo ningun recurso económico fuera de España», aunque admite que recibió el pago de una sociedad suiza por unos servicios prestados.
Ha explicado que los exaltos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta cobraron una comisión «privada» del constructor Lluís Casamitjana de Espais por la compraventa de un terreno residencial en Badalona (Barcelona) después de que se retirara uno de los inversores.
Al preguntársele si el hijo mayor del expresidente catalán Jordi Pujol tuvo alguna vinculación con sus operaciones, ha respondido: «No he tenido tratos de ningún tipo con Jordi Pujol Ferrusola en ningún caso».