El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha propuesto este jueves en el Parlamento andaluz un «gran pacto por la Justicia» en España, entre las comunidades autónomas con las competencias delegadas y el Gobierno central, para lograr una Administración judicial «más rápida y con mayor calidad», que proporcione a la ciudadanía «un servicio público acorde al siglo XXI».
De Llera ha lanzado esta idea en su comparecencia en comisión parlamentaria para detallar los ejes generales y principales proyectos de la Consejería de Justicia e Interior para la nueva legislatura, durante la que ha defendido que la Administración de Justicia requiere en nuestro país de un «cambio procedimental, cultural y legislativo» en el que deben participar todas las partes implicadas, responsables políticos, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), operadores jurídicos y todos los profesionales que trabajan en el sector.
Según el consejero, es absolutamente necesario llevar a cabo un cambio organizativo general y del marco procesal si se pretende abordar de manera definitiva la modernización de la justicia y acabar con la sobrecarga de trabajo que soportan los órganos judiciales, puesto que un mero incremento de medios resulta insuficiente, informa la Junta en un comunicado.
Al respecto, el titular de Justicia e Interior ha insistido en que para reducir la litigiosidad y acortar sus plazos de resolución, hay que atender de forma inexcusable las necesidades de la planta judicial que aún no están cubiertas e incorporar nuevas formas de resolución de conflictos que hagan posible una justicia más moderna.
En este ámbito, la Junta va a continuar con la implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal que empezó a poner en marcha a finales de la anterior legislatura. El siguiente paso, según De Llera, será la negociación y aprobación definitiva de las relaciones de puestos de trabajo de El Ejido, en Almería, Vélez-Málaga y Fiscalía Provincial de Sevilla, donde se pondrán en marcha los proyectos piloto de este nuevo modelo de organización.
MÁS MEDIOS PARA LA JUSTICIA
En el capítulo de infraestructuras, el Gobierno andaluz pretende seguir adecuando las sedes con problemas de espacio o instalaciones obsoletas, y avanzar en los proyectos de construcción de ciudades de la justicia en las capitales andaluzas donde aún no se han puesto en marcha, así como en Algeciras y Jerez.
Asimismo, De Llera ha destacado el impulso que se va a dar a la modernización de los medios tecnológicos con los que cuenta la Administración de Justicia con una inversión de 30 millones de euros, que permitirá la progresiva eliminación del papel en los procedimientos judiciales, y la puesta en marcha de la Sede Electrónica Judicial, que potenciará los la comunicación telemática entre la ciudadanía y los profesionales de este sector.
Paralelamente, se llevará a cabo –ha señalado el consejero– la culminación de la implantación del sistema informático Jara, al que acompañará un plan de gestión integral archivística, para acabar con la imagen de los juzgados llenos de papeles y cajas amontonadas, y garantizar una correcta conservación de los documentos judiciales.
El consejero ha resaltado, igualmente, la apuesta del Gobierno andaluz por la consolidación del servicio de justicia gratuita en Andalucía, tras haberse puesto al corriente de los pagos a los abogados y procuradores que realizan esta prestación a las personas en situación económica y social más vulnerable.
ESPECIAL ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE BEBÉS ROBADOS
Emilio de Llera ha asegurado en su comparecencia que la Consejería de Justicia e Interior va a prestar durante esta nueva legislatura una «especial atención» a las víctimas de bebés robados, para lo cual mantendrá una estrecha colaboración con estas familias, con la fiscalía y con los órganos judiciales para favorecer la investigación de estos hechos.
Al respecto, el consejero ha señalado que la Junta ya ha iniciado los contactos con las distintas asociaciones que defienden esta causa, así como con otras administraciones públicas, a fin de adoptar las medidas que contribuyan a que estas familias reciban una respuesta adecuada a su grave problema.
Una de las medidas previstas es que el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) amplíe su cobertura y preste también atención a las familias que han sufrido casos de bebés robados, así como a las personas que han padecido accidentes de tráfico.
CRÍTICAS A LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA
Durante su intervención, el consejero ha subrayado el compromiso del Gobierno andaluz para garantizar la seguridad de la ciudadanía, de modo que pueda disfrutar plenamente los derechos y libertades que la Constitución y las leyes le reconocen. A su juicio, «esta concepción de seguridad lamentablemente contradice la que el Gobierno español tiene y que ha impuesto con la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la llamada »ley mordaza»».
En su opinión, esta ley estatal antepone la seguridad ciudadana sobre el libre ejercicio de los derechos fundamentales, invirtiendo el orden que prima en la Constitución, donde la seguridad ciudadana se pone al servicio del libre ejercicio de los derechos y libertades.
En el ámbito de la seguridad, De Llera ha anunciado, además de la consolidación del servicio del 112 y la ampliación del número de planes de emergencia municipales y de núcleos industriales de riesgo, el diseño de un nuevo Plan General de Inspección de Establecimientos Públicos para garantizar la protección de los usuarios.
En cuanto a las políticas migratorias que coordina esta consejería, De Llera ha detallado que se impulsarán planes singulares de actuación para la gestión de las campañas agrícolas en Andalucía y se continuará con el desarrollo del tercer Plan Integral para la inmigración, especialmente en lo referente a las actuaciones para la erradicación del racismo y la xenofobia.
Además, el consejero ha advertido de que la Junta va a reclamar que se vuelva a poner en marcha el fondo estatal para promover la integración social, económica, laboral y cultural de la población inmigrante, bajo las premisas de la igualdad, diversidad y riqueza cultural.
NUEVAS FORMAS DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS
El consejero de Justicia e Interior ha apuntado que la Junta va a seguir apostando en esta nueva legislatura por el impulso de la mediación como sistema de resolución de conflictos en diferentes ámbitos jurídicos sin necesidad de llegar a juicio. Para ello, ha anunciado que se van a implantar Puntos de Información sobre Mediación en todas las sedes judiciales y todos los órdenes jurisdiccionales.
La mediación para la resolución de conflictos también volverá a ocupar un lugar destacado en las políticas de reeducación de menores infractores, en las que además se va a licitar los grupos educativos de convivencia para garantizar el cumplimiento de esta medida judicial que se demanda cada vez más desde los juzgados de menores de Andalucía.
De Llera ha recordado que se ha iniciado la legislatura con la publicación el pasado 8 de junio de la licitación del Servicio de Centro de Día para la ejecución de medidas judiciales de menores infractores en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, y que se ha adjudicado el Servicio de Mediación, Conciliación y Reparación en las ocho provincias de Andalucía, adaptándolo a los requisitos de formación y especialización necesaria.
Además, el consejero ha anunciado que se procederá a la licitación de los centros de internamiento de menores infractores en los próximos meses, una vez que han expirado los contratos en vigor con una vigencia de cuatro años prorrogables por otros dos y un importe total de 260 millones de euros.