En un comunicado, la Consejería asegura que «es absolutamente falso» que la Junta haya perdonado o condonado la justificación de las ayudas públicas al tejido asociativo, empresarial y de administraciones públicas concedidas en las convocatorias públicas en materia de formación profesional, incluidas las del 2011, año en el que se realizó la última convocatoria de subvenciones a acciones formativas para el empleo.
Por tanto, deja claro que «no se ha perdonado ni condonado la necesidad de justificar el uso de la adjudicación de subvenciones ni a Ojeda, ni a la actual parlamentaria del Partido Popular Antonia Ruiz Oliva, ni a las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, ni a la Confederación de Empresarios de Andalucía, ni a la Cruz Roja ni a ninguna de las entidades, que representan todas ellas el tejido asociativo, empresarial y público que han concurrido a los incentivos de formación profesional para el empleo en los últimos años en Andalucía».
Educación insiste en que «desde que es presidenta Susana Díaz no se aplica la exoneración ni la exceptuación en la justificación de ayudas públicas pese a ser un instrumento contemplado por la Ley General de Subvenciones», de manera que valora que Andalucía «da un paso adelante que no se atreven dar otras comunidades como Madrid, Valencia, Baleares, Navarra, Castilla y León e incluso el propio Gobierno central el cual en 2013 ha dado subvenciones directas y sin concurrencia competitiva».
«Andalucía se convierte así en una de las más garantistas y transparentes», ha aseverado la Consejería, que ha recordado que la exoneración y la exceptuación «no significa perdonar ni condonar, por lo que no exime a las entidades, empresas e instituciones de justificar los ayudas recibidas».
Así, deja claro que la Administración autonómica «les está reclamando la justificación» de éstas. De este modo, la Consejería ha tomado varias decisiones, como es la no exoneración ni exceptuación de dichas entidades.
Ha agregado que desde diciembre de 2013 «se ha comunicado que todas las futuras convocatorias en materia de formación profesional será con concurrencia competitiva» y ha recordado que se está aplicado un nuevo sistema para la justificación de las ayudas consistentes en analizar uno a uno todos los expedientes abiertos en materia de subvención.
De esta forma, precisa que «a diferencia de lo que en la actualidad se está haciendo en todo el territorio español consistente en un sistema de muestreo orientativo, desde la llegada Susana Díaz como presidencia de la Junta y una vez completada el traspaso de Empleo a Educación se han recepcionado un total de 82.167 expedientes de distinta índole; de lo que 8.505 corresponden a subvenciones a entidades para impartir cursos de formación, a los cuales se les está aplicando este sistema de justificación que garantiza la absoluta transparencia».
Ha recordado que junto a las empresas de Ojeda, también se concedieron subvenciones «a todo el tejido asociativo, empresarial y de administraciones públicas, como es el caso de ayuntamientos de Córdoba, Granada, Almería, Marbella, Cámaras de Comercio, pymes o asociaciones sin fines de lucro como Cruz Roja».
Asimismo, ha precisado que a día de hoy, «todos los expedientes publicados en el BOJA número 82 y 93 –referentes a ayudas a las empresas de Ojeda– están en procedimiento de trámite de justificación y son parte de esos expedientes que se están analizando uno a uno».
Por tanto, el Gobierno andaluz garantiza que «si algunas de estas empresas, entidades, ayuntamientos o asociaciones han hecho un mal uso o no pueden justificar el dinero público adjudicado devolverán dicha inversión al erario público», un mandato recibido por parte de la presidenta de la Junta «desde el minuto uno en el que tomó posesión, sin excepciones».
COINCIDENCIA CON LAS ELECCIONES
Sobre la fecha de la resolución de dichas ayudas y posibles intereses por parte de la administración, la Consejería ha rechazado esta posible interpretación, toda vez que «no estamos hablando de convocatorias de 2012 sino de las resoluciones de ayudas correspondientes a 2011, es decir, que más de las 200 entidades que han participado en dicha convocatoria han presentado sus proyectos formativos».
Ha recordado que en la misma resolución de Ojeda aparecen otras entidades, como las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio o el Ayuntamiento de Córdoba «y dudamos que les condicione su voto una adjudicación de una subvención previo a unas elecciones autonómicas».
Por último, en cuanto a la vinculación de Teresa Florido con las empresas relacionadas con Ojeda, la Consejería ha explicado que Florido fue nombrada el 31 de mayo de 2011 directora general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo y solicitó dos días después de su publicación en BOJA de su nombramiento, el 6 de junio, la abstención (avocación) de todos los procedimientos que tuvieran como interesados a Ángel Ojeda y Vanesa Ojeda Romero, algo que fue aprobado por el entonces consejero Manuel Recio.
Posteriormente, y con el traspaso de las competencias a Educación, se pasan dichas competencias en junio de 2013 al titular de la Secretaria General de Formación Profesional y Educación Permanente. En octubre de 2013 cesó en sus funciones como directora general. Por tanto, la Junta precisa que dicha directora «avocó la firma de resoluciones respecto a las empresas donde haya tenido relación directa e indirecta el exconsejero Ojeda y donde se pudiese poner en cuestión cualquier tipo de interés personal y la firma que aparece está vinculada a su cargo para la totalidad de la convocatoria para su publicación en BOJA».
Por tanto la Junta garantiza que en la formación profesional en Andalucía «se han tomando la medidas de control y transparencia que no se han tomado en el resto del país, y que garantizan que si en algún supuesto se detecta el mal uso del dinero público se procederá al reintegro del mismo». Asimismo, se reitera la «permanente colaboración» con la Administración de Justicia en todos los procedimientos requeridos y que se puedan requerir.
También ha recordado que antes de final de año se tomarán nuevas iniciativas importantes en la misma línea, como es la publicación de la convocatoria de ayudas a la formación profesional correspondientes al año 2014, donde se exige la concurrencia competitiva y el hecho de que «como en Andalucía no se exonera ni se exceptúa, todas aquellas empresas entidades u organizaciones que tenga pendientes de justificar expedientes de convocatorias anteriores no podrán ser beneficiadas de las mismas».
Recordó que igualmente, el próximo 26 de agosto se da el primer paso para la puesta en marcha del nuevo modelo de la formación profesional en Andalucía, toda vez que el Consejo de Gobierno aprobará el anteproyecto de la nueva ley.