Así lo han acordado el primer teniente de Alcalde y concejal de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Ángel Sabroso, y el consejero insular de Obras Públicas e Infraestructuras, Carlos Sánchez, en una reunión donde se puntualizó que el Cabildo entrará «de forma ordenada» en la gestión del túnel hasta disponer de su control total, una vez se sustancie un convenio de colaboración entre las dos instituciones.
Al respecto, tanto Sabroso como Sánchez han criticado la «actitud de desidia por parte del Gobierno de Canarias», propietario de estos túneles, construidos hace 20 años, y «responsable de la mejora de su seguridad».
Sánchez añadió que este túnel «no tiene problemas de seguridad que pongan en riesgo a los ciudadanos» pero reconoció que requiere de la actualización de sus sistemas de seguridad para garantizar una «mayor eficacia», para lo que el Cabildo invertirá, «de forma paulatina», unos 8 millones de euros para implementar nuevos sistemas de ventilación, de video-vigilancia, así como postes de socorro, entre otros, según informó el Ayuntamiento en nota de prensa.
En este sentido, informó de que estas cantidades «serán reclamadas al Gobierno de Canarias, por ser el propietario de la infraestructura, al no haberse formalizado su traspaso al Cabildo».
Por último, Sabroso y Sánchez señalaron que sería «deseable que el Gobierno de Canarias se sumara al citado convenio de colaboración» y lamentaron que «el propietario del túnel no quiera hacerlo». Ahora la institución insular busca una fórmula jurídica para poder actuar en el túnel, que formalmente sigue perteneciendo al Gobierno regional.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha asumido hasta ahora el mantenimiento de los sistema de seguridad del túnel, en el que ha invertido 1,8 millones de euros en los últimos 20 años, recursos invertidos «para dar tranquilidad y seguridad».