En un comunicado, la federación de izquierdas se hace eco de lo denunciado por la PAH, cuyos integrantes han afirmado que la carga policial se ha producido de manera «sorpresiva e injustificada».
Para el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, lo acaecido este jueves «es una muestra de la política del PP ante los desahucios: represión de la acción social y bloqueo de la acción institucional».
Para Maíllo, esta situación refleja «la crueldad de los bancos y de los fondos buitres», al tratarse de un caso complejo por las características de los afectados, ya que la mujer padece Alzheimer y su hijo sufre una discapacidad y una situación de movilidad reducida, según ha explicado.
«No tienen límite y el PP contribuye a ello», ha subrayado Maíllo, que considera que con el recurso al Tribunal Constitucional (TC) «el Gobierno de Rajoy abre el camino a quienes especulan y a quienes vulneran derechos humanos, y da un portazo a quienes son víctimas de la crisis y sufren los desahucios».
Maíllo llama a continuar con la lucha contra los desahucios «por todos los medios, la movilización y la acción institucional», instando de nuevo al Gobierno a que solicite la paralización de la ley y que acepte el diálogo propuesto por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.