En una nota, Nieto ha abundado que la Junta de Andalucía «no se puede conformar con el archivo de la denuncia ni con el argumento esgrimido por la Comisión Europea aludiendo a un supuesto asunto doméstico». En su opinión, se está incurriendo de esta manera en «un atropello a los intereses de los andaluces» el hecho de que «no se cumplan sus propios reglamentos –los de la UE–«.
Nieto ha afirmado que el tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla constituye «un asunto de Estado, quiera el Gobierno o no», y ha recordado que se trata de «la única sección ferroviaria compartida por dos corredores básicos para la red ferroviaria europea –el Atlántico y el Mediterráneo–, que además desemboca en un puerto de interés general del Estado y cuya demora compromete una pieza clave de Andalucía, puesto que la logística está llamada a generar miles de puestos de trabajo».
La diputada autonómica ha considerado «inaceptable» que el PSOE en el Gobierno andaluz «se conforme con esta respuesta». Asimismo, ha apuntado que la Comisión Europea «no es un órgano neutral, puesto que se sabe que mayoritariamente es del color político del PP y seguro que ha sido muy receptiva a las sugerencias del PP».
Por ello, ha insistido en que el Gobierno andaluz «no puede permanecer quieto ni operar con esta tibieza institucional», por lo que IU exige «una ofensiva institucional que se intensifique ante todas las instancias posibles».
En este sentido, el primer paso de esta ofensiva va a venir de manos del Grupo Parlamentario de IU, que ya ha anunciado la presentación de una petición de comparecencia del actual consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, para que informe de la posición de la Junta de Andalucía ante la respuesta de la Comisión Europea y las líneas de actuación que piensa seguir.
Por otro lado, Nieto anuncia la presentación de una proposición no de Ley de cara a «fijar una posición común de la Cámara andaluza ante el resto de instituciones».
Ha recordado que la denuncia presentada en su día por la Junta contemplaba la posibilidad de que el Tribunal Europeo actuara en caso de que la misma no fuera atendida por la Comisión Europea, aspecto que «será estudiado por Izquierda Unida una vez conocido el archivo».
Al respecto, ha aseverado que «si políticamente la Unión Europea no es capaz de hacer cumplir sus propios reglamentos a un estado miembro, que sea el Tribunal Europeo el que decida».
Izquierda Unida considera que «existen razones suficientes para exigir ante la instancia que sea necesaria que se cumpla el esfuerzo inversor que el Gobierno debería invertir para cumplir con los plazos previstos por el Reglamento por el que se articula el Mecanismo Conectar Europa, que fijaba el año 2020 como el previsto para que estuvieran concluidas las infraestructuras prioritarias».
Nieto ha añadido que, de acuerdo con el chequeo de la línea Algeciras-Bobadilla realizado por la Consejería en tiempos de Elena Cortés, «habría bastado con que en los Presupuestos de 2015 el Gobierno hubiera aceptado elevar a 75 millones de euros los 50 que aparecían consignados».
«Con esto se lograba, al menos, que en 2015 hubiera quedado finalizada toda la tramitación administrativa, para que a partir de 2016 se empezara con el grueso de la inversión, pero ya directamente con las licitaciones de obras, con toda la tramitación finalizada, pero ni siquiera eso se aceptó, lo que es una prueba palpable de que el Gobierno no tiene previsión alguna de culminar los trabajos en 2020», ha enfatizado.