De ser así, no podría admitirse el procedimiento llevado a cabo y habría que deshacer lo andado hasta ahora, recuperándose la mayor parte del pago de la expropiación obligada, cifrada en unos 21 millones de euros, tal y como sostiene el grupo que lidera Manuel Saravia.
En opinión de IU, hay argumentos jurídicos motivados y solventes, pues cuando se formula la petición de reversión por los herederos del propietario expropiado ya estaba vigente la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, la cual, en la disposición adicional 5ª, regula el «derecho de reversión», afectando a la redacción de los artículos 54 y 55 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, de forma que pudiera determinar la anulación de la reversión.
En cualquier caso, IU, a través de un comunicado, subraya la pésima gestión del Ayuntamiento en todo este proceso. «Desde que IU advirtió en enero de 2013 de las posibles consecuencias y la evidente implicación de la Junta en el desastre económico que se avecinaba, el equipo de gobierno no ha movido un solo dedo para evitar o minimizar el impacto que sobre la economía de los vallisoletanos tendrán estos hechos», critica el grupo de Saravia.
IU remitirá una carta a los otros grupos políticos municipales proponiendo una reunión urgente para estudiar la posibilidad jurídica antes apuntada.