Así, señala que el cede de operaciones de Spanair, que sigue a los de Air Madrid y Air Comet años atrás, pone de manifiesto que los usuarios sufren «una enorme desprotección ante este tipo de situaciones».
En el caso de Spanair denuncian que no sólo vendió billetes hasta poco antes de anunciar la paralización de actividad, sino que se ha desentendido de sus pasajeros, abandonándolos a su suerte, incumpliendo el reglamento europeo que la obliga a reubicarlos en vuelos de otras compañías, asistirles con comida, bebida y alojamiento durante la espera y abonarles compensaciones económicas.
Ante esta situación, espera que el Gobierno «emprenda acciones no sólo contra la compañía, sino también contra sus máximos responsables para depurar responsabilidades a los niveles que sea necesario».
Además, considera que los nueve millones de euros con los que el Ministerio de Fomento ha anunciado que podría multar a la compañía representan «una cantidad ridícula» teniendo en cuenta la magnitud de las irregularidades cometidas por Spanair.
La asociación destaca también que el cobro de la multa podría ser inviable si el procedimiento concursal determina que no cuenta con bienes suficientes para pagar a los acreedores privilegiados.
La Ley Concursal, que coloca a los usuarios a la cola de los acreedores, impide en muchos casos que puedan recuperar la totalidad de su dinero e incluso ni una mínima parte, como, a su juicio, ya se ha puesto de manifiesto en procedimientos sobre otras empresas de servicios.
Del mismo modo, Facua critica que el Ministerio de Fomento obvie a las asociaciones de consumidores, no dándoles participación en su comité de coordinación y seguimiento para garantizar los derechos de los pasajeros de Spanair.
La asociación reclama a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que convoque a una reunión de urgencia a las asociaciones de consumidores representativas y al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) para informarles de la situación y las medidas que adopte el Ejecutivo.