Fernández ha afirmado que «es urgente paralizar la ley» ya que, ha continuado, «de seguir adelante dejarán de prestarse servicios tan necesarios para muchos ciudadanos y ciudadanas de la región como becas de comedor, ayuda en el hogar, ayudas para el alquiler de viviendas, suministros energéticos o alimentación», según ha informado FEMP C-LM en nota de prensa.
Además, ha señalado que también se perderían otros servicios como «los de respiro familiar en atención a dependientes, programas de mayores y centros de día, teleasistencia, albergues o atención a mujeres víctimas de violencia de género».
La también alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real) ha recordado que «más de 3.000 alcaldes de toda España se han opuesto» a esta ley, señalando que esta «ha conseguido unir a todos los partidos políticos menos el PP en el rechazo conjunto a su aplicación».
Por ello, Mayte Fernández ha augurado que esta normativa «será derogada con toda seguridad después de las elecciones del 20 de diciembre».