La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cantabria (FAPA) ha alertado de posibles conflictos entre las familias y profesores y equipos directivos de los centros escolares por la falta de información sobre el desarrollo de la Evaluación Individualizada de 3º de Primaria, que se va a llevar a cabo esta semana.
Representantes de FAPA han denunciado este lunes en una rueda de prensa que se están «vulnerando» los derechos de reunión e información de las familias, a quienes se ha prohibido celebrar reuniones informativas en los centros o repartir hojas informativas sobre la prueba elaboradas por las AMPAs y la Federación.
Además, han criticado que algunas familias han manifestado a los directores de los centros escolares la «no autorización para que se realice a sus hijos la Evaluación Individualizada ante lo que «se han encontrado con una respuesta meramente verbal de desestimación de su demanda, insuficientemente justificada».
A su juicio, «tal y como se desprende de la actuación de los directores, todo parece indicar que la Consejería de Educación no había contemplado la posibilidad de que algunas familias se pudieran oponer a la prueba, circunstancia que, unido a la provisionalidad en que se encuentran los responsables políticos de la Consejería, no están siendo capaces de resolver de manera adecuada».
Desde FAPA, han indicado que ya la pasada semana un sindicato solicitó a la directora general de Personal y Centros Educativos en funciones, María Luisa Sáez de Ibarra, que diese «instrucciones claras y por escrito que sirvieran para concretar las funciones del profesorado y evitar que se puedan crear graves conflictos entre docentes y familias».
Los representantes de FAPA han criticado que, a fecha de hoy, no se ha facilitado «respuesta alguna», lo que han calificado de una «actitud irresponsable y quizás intencionada» tanto del consejero en funciones, Miguel Ángel Serna, como de sus directores generales y que
«está motivando que los derechos de las familias sean pisoteados por la administración y se genere un lamentable e innecesario conflicto entre equipos directivos, docentes y familias».
Ante la posibilidad de que no se respete la voluntad de los padres, madres y tutores legales, que han manifestado expresamente su no autorización a que se realice la prueba a sus hijos, FAPA ha alertado de que «en algunos centros se están viviendo situaciones de gran tensión entre éstos y los directores y docentes».
«En estas circunstancias, si mediante engaños, coacciones o amenazas se obligara a un alumno a realizar la Evaluación Individualizada, no parece descartable que algunas familias pudieran presentar denuncias, dirigidas hacia personas concretas, ante la Policía Nacional o la Guardia Civil», ha advertido.
Finalmente, FAPA ha considerado «imprescindible» que la Consejería de Educación dé «instrucciones claras, justificadas y por escrito» a las direcciones de los centros y se tomen «medidas urgentes» para que se respete el derecho de reunión, de información y de decisión de los padres sobre la educación de sus hijos, «no poniendo en peligro la buena convivencia existente, hasta ahora, en la comunidad educativa».