¿Merece la pena poner en riesgo la liquidez y la profundidad de los mercados financieros españoles por meter en la caja del Estado 150 millones de euros anuales? Que España sea uno de los once países que están impulsando la aplicación del impuesto sobre transacciones financieras (ITF), más conocido como Tasa Tobin y que inicialmente se aplicaría sólo a las transacciones en acciones, ha puesto en pie de guerra al sector financiero español. Con la experiencia de Francia sobre la mesa, España no ingresaría más de dicha cantidad.
La cifra es una migaja en comparación con los grandes números que se manejaban cuando la Comisión Europea lanzó la iniciativa del impuesto allá por 2012. Entonces, las previsiones eran de unos 4.600 millones de ingresos sólo por el gravamen en todas las transacciones en acciones –con una tasa del 0,1%- de los once países que aceptaron implantar la medida, de los que España captaría algo más de 14%. Visto con perspectiva y con las experiencias de los Estados que han dado los primeros pasos en solitario, aquellas eran las cuentas del Gran Capitán.
Mientras en plena cuenta atrás para las elecciones europeas del 25 de mayo los Gobiernos defienden la aportación del ITF –con el ministro Luis de Guindos como uno de sus grandes abanderados-, los ‘lobbies’ que trabajan denodadamente para echar para atrás la iniciativa intentan demostrar que el impacto de la Tasa Tobin va mucho más allá de su efecto recaudatorio. Y las cifras parecen darles la razón. En Francia, extrapolando los únicos datos oficiales disponibles –unos ingresos de 199 millones de euros entre agosto y diciembre de 2012- la recaudación se habría situado en 2013 en cerca de 480 millones de euros.
Una cifra pírrica, si se tiene en cuenta que el Gobierno galo había presupuestado 1.600 millones de ingresos para el año pasado y que Francia está aplicando una tasa del 0,2% -el doble que lo que se plantea en la propuesta de la Comisión- a todas las operaciones sobre acciones de las empresas con un valor en bolsa superior a los 1.000 millones de euros.
Por su liquidez y dimensión, Francia es por lo tanto un mercado clave para valorar la efectividad del ITF. Según la hoja de ruta de la Comisión Europa, el 21,6% de los 4.600 millones de ingresos que generaría potencialmente el impuesto recaerían en el país vecino. Es decir, casi 1.000 millones de euros aplicando una tasa del 0,1%. Pero con las cifras del año pasado, y teniendo en cuenta que Francia está cobrando el doble a los inversores, la facturación del impuesto en la versión que maneja Bruselas apenas alcanza los 240 millones.
Inicialmente, Bruselas había previsto que España fuera la receptora del 14,05% de los ingresos -667 millones de euros- pero si se extrapolan las cifras de Francia a la piel de toro España ingresaría alrededor de los mencionados 150 millones de euros. Aunque a priori cualquier cifra parece razonable apara ayudar al Estado en la ardua tarea de cuadrar las cuentas públicas, fuentes financieras aseguran que el coste en términos de liquidez y deslocalización de las operaciones puede ser muy superior a los ingresos.
Según distintos estudios, la actividad en la bolsa francesa podría haber caído entre un 10% y un 20% desde que se empezó a aplicar la tasa, cifra que en Italia se sitúa en la parte más alta de esa horquilla. Por cierto que en el mercado transalpino los objetivos de ingresos se han quedado en la tercera parte de lo esperado. Una bajada de este tenor en España supondría según algunas fuentes una pérdida de riqueza de alrededor de 450 millones de euros.
Mientras, el debate continúa. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a través de su presidenta Elvira Rodríguez, ya ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que se aplique la Tasa Tobin en unos países sí y en otros no, lo que podría provocar “distorsiones en los mercados”.