El secretario general de ECA, Carlos Ruiz, ha subrayado a Europa Press que frente a este procedimiento abierto por la administración andaluza para la supresión de convenios no se están teniendo en cuenta distintos factores, tales como estudiar la ratio de la zona.
Se ha preguntado así si «nos van a exigir tener todas las clases con 25 alumnos en el caso de tener al lado otros centros con 20», aludiendo asimismo al hecho de que algunos colegios desempeñen labores educativas en entornos de especial dificultad, lo que motiva un menor número de alumnos, o que en otros casos los datos ofrecidos por la Junta «no se ajusten a la realidad».
Aún en la tesitura de «conceder el beneficio de la duda» a la administración, Ruiz ha lamentado que esta decisión se tome «para tres meses», habida cuenta de que se pretende acometer en el presente curso académico y las alegaciones retrasarían el proceso, aproximadamente, hasta el mes de febrero, considerando una «barbaridad» que para un periodo tan escaso se obligue al necesario reajuste de ubicaciones y horarios.
Así, la ECA considera que la Junta «vuelve a la carga» contra los colegios concertados y entiende que estas medidas están «en continuidad con el ataque del que está siendo objeto la enseñanza concertada por parte de la Junta y que se inició el pasado curso».
SIN «AHORRAR ESFUERZOS» CONTRA EL NUEVO «ATAQUE»
Y es que, según recuerda la patronal en una nota, en noviembre de 2012 la Consejería intentó el recorte de unidades por estas mismas razones y, más tarde, «volvió a la carga con el recorte de unidades en el proceso de concertación que felizmente fue paralizado por los tribunales ante la reacción judicial de los centros».
«Escuelas Católicas quiere confiar en que el nuevo tiempo del que tanto habla la nueva presidenta andaluza, Susana Díaz, suponga una mayor sensibilidad hacia la labor que realizan los más de 400 colegios de ECA en la región, con más de 230.000 alumnos, y, por ello, la insta a que paralice cuanto antes estos procedimientos y esta política de acoso a la concertada», ha remarcado el colectivo, que asegura que no va a «ahorrar esfuerzos» es reaccionar contra este nuevo «ataque».
Los recortes propuestos en estos momentos «no solo suponen una amenaza para los puestos de trabajo del profesorado que se ocupa de estas unidades, sino que son un despropósito para la atención educativa y la organización de los centros, pues suponen un recorte a las unidades que se encuentran funcionando en estos momentos».
En este sentido, amén de las medidas jurídicas que cada centro afectado puede articular –ahora en fase de alegaciones y, «si llega el caso», en el ámbito contencioso-administrativo–, Escuelas Católicas ha solicitado un encuentro «al más alto nivel» con la administración educativa y pretende coordinarse en una respuesta conjunta del sector educativo concertado.
Ruiz lamenta que «ha cambiado la presidenta y el consejero de la Junta, pero vemos con preocupación que se mantiene la misma política de acoso a la concertada». En este sentido, ha recordado que el coste por alumnos/año en la educación concertada en Andalucía es de 3.000 euros, mientras que en la públicas supone casi el doble, unos 6.000 euros.