Para los denunciantes, esta actuación es «incompatible» con a normativa urbanística, por lo que han propuesto como ubicaciones alternativas las plazas de Portugalete y de San Miguel.
En un comunicado remitido a Europa Press, ecologistas y vecinos han recordado que el parque «es un espacio libre público» cuyo uso «debe ser público en todo caso» y en el que «los únicos usos comerciales admisibles son los quioscos en régimen de concesión», para los que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid «reconoce una edificabilidad máxima de 0,05 metros cuadrados construidos por metro cuadrado de suelo».
En cambio, el Ayuntamiento de Valladolid ha licitado para este parque la construcción de un «mercado provisional» constituido por una estructura de acero de seis metros de altura con una edificabilidad de 860 metros cuadrados para «uso auxiliar del parque», aunque, según los denunciantes, se trata «de un mercado».
Asimismo, ecologistas y vecinos han criticado otra «maniobra» para «intentar encajar este proyecto en el parque», como es «excluir del cómputo de la edificabilidad la galería central del mercado», para lo que se aplica «otro artículo del PGOU que nada tiene que ver con los parques».
Ecologistas y vecinos han advertido también de que el Ayuntamiento «se ha saltado la información pública del proyecto», y lo ha eximido «arbitrariamente» de licencia ambiental a pesar de que el propio proyecto «señala que la necesita por tener una potencia mecánica superior a 20 kilovatios».