El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria ha explicado que espera que la comisión de investigación del alquiler de los locales de San Antonio, que empieza este martes, «desvele las claves de unas de las operaciones más lesivas para el municipio» e identifique «quiénes y por qué firmaron un contrato blindado con Gonzalo Antón, el propietario de la lonja».
La comisión de investigación investigará el contrato de alquiler firmado por el exalcalde Alfonso Alonso (PP) en el año 2007, por un periodo de 20 años, por el que la oposición denuncia que se ha pagado durante estos años 2.600.000 euros.
Un informe de la Secretaría General dado a conocer el pasado mes de julio de este año cuestiona que se alquilaran los locales respetando el principio de libre concurrencia y que se tuviera en cuenta la existencia de otros inmuebles de características similares.
En un comunicado, el portavoz de la coalición, Kike Fenández de Pinedo, ha defendido que «los ciudadanos tenemos derecho a saber quiénes accedieron con total descaro, a poner el interés personal de un señor, incluso por encima del interés del propio Ayuntamiento».
«No se exploraron otros locales para instalar las oficinas municipales, y Antón consiguió aparentemente con una facilidad pasmosa unas condiciones de alquiler que no lograríamos ningún otro ciudadano», ha criticado, antes de preguntarse si el entonces alcalde, Alfonso Alonso (PP) y el empresario «tenían algún tipo de relación e interés común».
Además, cree que con el foro «queremos identificar públicamente todos y cada uno de los actores de ésta obra» tanto a «los que salen a escena, como a los que están detrás del escenario, que son los cooperantes necesarios de los primeros».
600.000 EUROS ANUALES
«Si es que no hubiera ninguna posibilidad de rescindir el contrato, la gente debe saber, con nombres y apellidos, quiénes son los responsables directos de que este alquiler nos esté saliendo por 600.000 euros al año», ha insistido.
Tras reconocer que los comparecientes no están obligados a acudir al Ayuntamiento a declarar, el portavoz de EH Bildu ha defendido que «el entonces alcalde Alfonso Alonso, el actual regidor y entonces concejal de Hacienda, Javier Maroto, tienen el deber moral de responder por las decisiones que tomaron como responsables públicos».
En este sentido, Fernández de Pinedo ha explicado que la Secretaria del Pleno «aclaró varias veces en la Junta de Portavoces en la que se trató el tema que »si bien las conclusiones de la comisión deben ceñirse a la responsabilidad del actual gobierno, no hay ninguna cobertura legal que impida que Alonso comparezca, con el objetivo de conocer cómo se gestó el contrato de alquiler»».