El director Insular de Hacienda y Función Pública del Consell de Mallorca, Rafael Pons, ha destacado este miércoles que las contrataciones que se han realizado en el Consell, apelando a una ley de los años 80, no son una «nueva fórmula de contratación», sino una medida «puntual y concreta, en tiempos de crisis» para que aquellos desempleados que están cobrando subsidio puedan ampliar su retribución hasta la base de cotización.
En declaraciones a Europa Press, Pons ha aclarado que no hay ninguna situación de «semiesclavitud», tal y como había denunciado este miércoles el sindicato CCOO, sino que es una medida que se ha aplicado en unas «cinco o seis personas», y que «en ningún caso» forman parte del personal del Consell.
Así, ha destacado que los trabajadores pueden así trabajar en las fincas del Consell Insular y que este es un proyecto «viable» de tal modo que «se ha adoptado en muchos ayuntamientos».
En concreto, ha afirmado que esta medida, que parte de una propuesta del grupo MÉS, es «muy limitada», precisamente porque «se han tomado todas las cautelas» de modo que sirva para ayudar a aquellos desempleados que disponen de más bajas retribuciones y siendo «muy escrupulosos por cumplir la normativa».
De este modo, ha asegurado que es una medida de «tipo social» para que estos empleados puedan «complementar sus ingresos».
Por último, ha asegurado que la propuesta les pareció «razonable» sobre todo en la situación actual y, por ello, la implementaron a modo «proyecto piloto», con la intención de ayudar a estos trabajadores.