El CJRM quiere reclamar a la Comunidad Autónoma la convocatoria de una mesa conjunta «con carácter de urgencia en la que se encuentren representadas las dos administraciones de que depende el acuerdo para mantener las bonificaciones tarifarias y Latbus con el fin de que se pueda recuperar el compromiso de todas las partes en torno a una temática tan delicada para la ciudadanía como es la bonificación de los billetes de autobús».
El transporte público, según el Consejo, es un «derecho fundamental de la ciudadanía». Los ciudadanos de Murcia «tienen derecho a recibir un servicio de calidad, sea cual sea su lugar de residencia, inspeccionado y controlado en todo momento por las administraciones y prestado por la concesionaria, y a un precio justo y asequible a las ya maltrechas economías domésticas».