Cañamero ha subrayado que «no irá a ningún juicio», ya que espera «que todo quede en nada», asimismo, ha explicado que «La Turquillas es una tierra que no da empleo, por lo que debe pasar a manos de los trabajadores, de las cooperativas». El magistrado instructor del caso, Jerónimo Garvín, ha impuesto a los acusados y al SAT, como responsable civil subsidiario, el pago de una fianza de 1.370,28 euros a fin de garantizar las responsabilidades civiles, mientras que a los imputados también les impone una fianza de 6.061,35 euros para garantizar las responsabilidades pecuniarias en concepto de multas y costas a que hubiere lugar.
El portavoz del SAT ha estado este jueves en el Palacio de la Moratalla, en Hornachuelos (Córdoba) para solicitar que los terrenos «vuelvan a manos públicas», ya que fueron «expropiadas durante el Gobierno de la República», a lo que ha añadido que «en Andalucía hay 18.000 hectáreas en la misma situación».
La reivindicación ha tenido lugar este jueves 18 de julio, día en que la expropiación del citado palacio tuvo lugar, y, según la Guardia Civil de Córdoba el acto se ha desarrollado con normalidad, «con un dispositivo policial habitual para estos casos» y sin incidentes.