CSIF ha dejado claro que su lucha no se detiene con la entrega de las más de 50.000 firmas, ya que la asesoría jurídica estudia los posibles recursos ante un Presupuesto que «ataca directamente a los propios trabajadores de la Administración e incluso la vacía de competencias con la disposición adicional 18 para reforzar la llamada »administración paralela»».
En una nota, el sindicato ha recordado el «éxito» de la concentración del pasado miércoles ante la Cámara andaluza, tras lo que el sindicato ha vuelto este jueves el Parlamento para «poner en conocimiento de los grupos el malestar de los empleados públicos y de toda la ciudadanía andaluza por los recortes a los derechos de los trabajadores y a los servicios públicos que recogen los presupuestos».
Precisamente, en el Pleno de la Cámara se aprobaba el proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno de la Junta de Andalucía, en el que se incluye el recorte de los complementos autonómicos de las pagas extra de 2014 de los empleados públicos y la disposición adicional 18, que permite la contratación de funcionarios y personal del VI convenio de la Administración de la Junta por parte de las agencias, lo que «vacía de personal y competencias a la función pública para reforzar y potenciar la llamada »administración paralela»».
Por todo ello, CSIF Andalucía inició el pasado 30 de octubre una campaña de protesta que acabó con la concentración del miércoles en el Parlamento, a la que acudieron más de 3.000 delegados y afiliados sindicales de todas las provincias andaluzas, y con la entrega este jueves de las más de 50.000 firmas recogidas, lo que «da buena muestra del malestar de los empleados públicos y del conjunto de la ciudadanía andaluza con la Ley de Presupuestos».
Para CSIF, el ataque que vuelven a recibir los empleados públicos andaluces «es desproporcionado, arbitrario e injusto, y carga sobres sus ya recortados derechos el peso de la crisis que no han provocado». Así lo dejó claro CSIF en la propia Cámara andaluza, en las calles «y volverá a hacerlo cada vez que los empleados públicos reciban un ataque así», advierte.