Bono ha respondido ante el pleno de las Cortes de Aragón a la petición de comparecencia del PSOE a la presidenta del Ejecutivo, Luisa Fernanda Rudi, para que informara sobre el Plan Impulso, y ha comentado que «ya están hechas las modificaciones presupuestarias y disponible el dinero» para las transferencias a empresas públicas, mientras que los convenios que prevé el plan «ya están preparados para que se puedan firmar».
El consejero ha remarcado que el Plan se ha puesto en marcha «cumpliendo los plazos que la normativa obliga, ni más ni menos» y ha recordado que, si bien se anunció en mayo, no ha sido hasta el 31 de julio cuando se ha aprobado la modificación del objetivo de déficit para 2013 que permite su aplicación.
«El 12 de agosto llegó a las Cortes», ha continuado, y desde entonces se ha preparado «para que fuera lo más rápidamente posible», con funcionarios trabajando este fin de semana, y con la convalidación este jueves en el Parlamento de un decreto que va a permitir «una aceleración de uno o dos meses» en la tramitación administrativa de las medidas.
Bono ha subrayado que el Plan que dispone de 35 medidas «con nombres y apellidos» y, por eso, ha rechazado que se pueda calificar de «disperso o de humo». Asimismo, ha afirmado que «cumple con las garantías jurídicas», «no hay ninguna ilegalidad», para opinar que «es un acierto» porque la oposición «no está discutiendo el contenido, sino dando vueltas a lo de alrededor».
A este respecto, ha concretado algunas acciones, como los cinco millones de euros para incentivar la contratación de menores de 30 años y otros tanto para mayores de 45 años, y ha indicado que «puedo admitir que no les guste el Plan, pero no que es marketing o humo».
EMPLEOS
Respecto a la previsión de creación de puestos de trabajo, el consejero no ha querido aventurar ninguna cifra ya que hacerlo «sería superficial y deshonesto», «no sería honrado», para remarcar que su objetivo es «ayudar a reactivar» la economía y empleo, pero «se llama Plan Impulso, no solución».
Por otra parte, ha indicado que los agentes sociales «han tenido participación» en el proyecto, con quienes ha habido tres reuniones, en donde han planteado algunas cuestiones «que ya estaban en el Plan» y otras que se van a incorporar, aunque también «hay discrepancia, faltaría más».
El portavoz del PSOE, Javier Sada, ha considerado que quien necesita impulso es el Gobierno, que «está en Marte o en la inopia», para asegurar que «no hay nada aprobado con algo que diga Plan Impulso y sus 35 medidas», por lo que ha acusado al Ejecutivo de «agitación y propaganda», mientras «cada día hay más desempleo», además de querer saber cuántas medidas se han modificado fruto de la participación de los agentes sociales.
«Han pasado cuatro meses» desde que se anunció y «hasta ayer se habían comenzado a tramitar 150.000 euros», una «operación de marketing, que no tiene un objetivo claro», si bien ha reconocido que este jueves se han publicado convocatorias por valor de 32 millones de euros, pero «queda mucho plan» hasta los 150 millones anunciados.
ILEGAL
El diputado de CHA, José Luis Soro, ha manifestado que las órdenes publicadas este jueves con las citadas convocatorias «son nulas de pleno derecho» porque «disfrazan» suplementos de crédito como créditos extraordinarios, un procedimiento utilizado «para no dejarnos participar a los grupos en la tramitación presupuestaria», que «vulnera la Ley de Hacienda y la del propio plan».
La diputada de IU, Patricia Luquin, ha lamentado «que se haya tardado un mes en ponerlo en funcionamiento» y que el Gobierno «no haya contado con los agentes sociales», ni con los grupos, como se comprometió a hacer la presidenta del Ejecutivo, Luisa Fernanda Rudi, a la que ha criticado por no estar presente en el debate, para argumentar que si las medidas desarrolladas hasta ahora «no han dado resultado», con 20.000 parados más, tampoco este plan lo dará.
La diputada del PP, Yolanda Vallés, ha recalcado que «ya se ha puesto en marcha el plan» en «condiciones de legalidad» ya que los créditos extraordinarios «están en la sección 30 del presupuesto y desde allí se pueden hacer transferencias» al resto de Departamentos, para asegurar que «nadie puede dudar de la agilidad en su puesta en práctica» y se ha preguntado si «lo que le duele» a la oposición «es que el Gobierno pueda destinar 150 millones de euros a medidas no presupuestadas».
El diputado del PAR, Antonio Ruspira, ha expresado su deseo de que «se gaste hasta el último euro» a través de «35 medidas concretas» que afectan a siete Departamentos del Ejecutivo, con 32 millones para sanidad, 15 para infraestructuras educativas y otras partidas para vivienda social, carretas, sector agroindustrial y gestión forestal, entre otras cuestiones.