Isabel Montero, ex edil de servicios sociales, y Dolores Pérez, antigua educadora social, se sentarán en el banquillo de los acusados por un delito de falsedad en documento público, por lo que se enfrentan a veinte meses de prisión, según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press.
Según el fiscal, Dolores en su condición de educadora social del Ayuntamiento redactó por encargo de la entonces concejal de servicios sociales un informe en 1998 «con un manifiesto desprecio a la verdad» desfavorable sobre la empresa adjudicataria del servicio de ludoteca.
Con dicho informe, pretendieron justificar la propuesta realizada por Isabel, en marzo de 1997, para la adjudicación de este servicio a favor de un grupo integrado por la sobrina de la acusada. Estos hechos ya fueron juzgados por tráfico de influencias.
Para ello, las acusadas fecharon el informe en diciembre de 1996 y la nota en febrero de 2002 cuando realmente se había realizado posteriormente, por lo que no figuraba en el expediente administrativo de 1997.