Según explican en la convocatoria, son los futuros licenciados afectados por la ley 34/2006 que les impone, para poder colegiarse como abogados, la superación de un máster de acceso a la abogacía de un año, con un coste mínimo de 9.000 euros, además de las prácticas profesionales y examen estatal.
En su opinión, esto supone una «discriminación» y un «agravio» respecto al resto de licenciados, que «tienen el mismo título y preparación»; y también respecto a los graduados, pues siguen teniendo estudios de cinco años y no cuatro. «Somos los únicos que vamos a estudiar 6 ó 7 años para poder ejercer como abogados, ese es el agravio», explican.
En este sentido, indican que el PP se comprometió a «excluir a todos los licenciados de la aplicación de esta ley», y que, de hecho, está presentada una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados pidiendo dicha exclusión total.
«Esta era la situación hasta el jueves pasado en el que el Ministerio de Justicia emitió una comunicación señalando que la reforma sea de mínimos sólo para los que se matricularon en septiembre de 2006. Eso no soluciona el problema y no se ajusta a su propia proposición no de ley», denuncian.
En su opinión, el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, «de nuevo va por libre en el PP, dejándose arrastrar por los interesados económicamente en hacer negocio con los alumnos». Y es que, según exponen, las universidades privadas, que ofertan el máster en 30.000 euros incluso, y los colegios de abogados se están beneficiando de la situación firmando convenios y controlando el número de nuevos colegiados.
Pero, además, añaden que el problema no solo es que el máster sea caro sino que consideran que estos estudios aún no están preparados, que apenas habrá plazas suficientes, que son de «dudosa calidad», que están adaptados al Grado y no a las necesidades de la Licenciatura, y, por último, que carecen de becas.
«Nos están abocando sin remedio al paro. Queremos poder trabajar, no haber estudiado cinco años para nada. Queremos una reforma que no cuesta ni un euro a los contribuyentes. Queremos que no quiebren el futuro de cientos de jóvenes que han estudiado esforzándose para ver cómo sus planes se destrozan en un instante», insisten.