Al menos un millón de habitantes de Río de Janeiro vive bajo un «régimen de excepción» en áreas controladas por narcotraficantes, afirmó hoy el titular de Seguridad Pública de Brasil, Raúl Jungmann, al justificar la intervención del Ejército en la seguridad del estado.
Jungmann, quien asumió el martes como primer responsable del recién creado Ministerio de Seguridad Publica, indicó que cerca de 830 comunidades (favelas) de Río de Janeiro son controladas o por narcotraficantes o por milicianos (paramilitares).
«Es decir que entre un millón y 1,1 millones de cariocas viven un régimen de excepción en áreas en las que no son garantizadas los mínimos servicios, en las que los niños no pueden terminar su año lectivo o en la que los religiosos no pueden celebrar ceremonias… todo por causa de la violencia», resaltó Jungmann, un diputado que hasta el lunes era titular del Ministerio de Defensa.
En su primera rueda de prensa desde que asumió la cartera de Seguridad, el ministro señaló que, además de una grave crisis económica, social y moral, Río de Janeiro afronta una profunda crisis política porque parte del estado fue tomado por organizaciones criminales.
«Río de Janeiro exigía, incluso por el principio de responsabilidad institucional, una medida excepcional, que fue lo que hicimos. En otros estados de Brasil no veo una situación que demande una intervención», dijo.
La intervención en la seguridad de Río de Janeiro, una medida inédita desde la promulgación de la Constitución de 1988, fue decretada por el presidente brasileño, Michel Temer, el 16 de febrero y refrendada después por la Cámara de Diputados y el Senado.
La decisión cede a los militares el control de la seguridad en el estado de Río hasta finales de 2018, tras la ola de violencia que el año pasado causó 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de cien policías y diez niños alcanzados por «balas perdidas».
La medida es criticada por movimientos sociales y sectores de la oposición, que la consideran una «cortina de humo» que en ningún caso servirá para resolver la crisis de seguridad en Río y que tiene motivaciones electorales.
Jungmann manifestó que Brasil necesita adoptar de inmediato medidas urgentes para detener la criminalidad y evitar así que el problema se agrave.
«Ya vi a personas encarceladas en sus casas, presas por miedo en sus casas, tenemos que escoger de qué lado estamos: o vamos a continuar concordando con esas cosas o a afrontarlas. Tenemos que afrontarlas porque si no, en el futuro, será mas difícil contener esa espiral de violencia que nos lleva a la barbarie», destacó.
El general del Ejército Walter Braga Netto, recién nombrado interventor de la seguridad de Río, dijo la víspera en una breve comparecencia ante los medios que Río «es ahora un laboratorio para todo Brasil».
Jungmann, sin embargo, afirmó que por ahora no ve ningún otro estado que haya llegado a una situación tan grave como Río.
Temer justificó su decisión de crear el Ministerio de Seguridad Pública, con la misión de coordinar y promover la integración de las fuerzas de seguridad en todos los estados del país, por el «clamor» de la sociedad ante la creciente violencia urbana.