Con casi tres siglos de historia intermitente y durante años anecdótica, los Mossos d’Esquadra han quedado bajo el control del Gobierno, que ha destituido a la cúpula de la consellería y ha cesado al mayor, Josep Lluís Trapero, en el momento en que el cuerpo tenía más popularidad y competencias que nunca.
En aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno ha cesado al conseller de Interior, Joaquim Forn, al secretario general, César Puig, al director de los Mossos, Pere Soler, y al mayor, Josep Lluís Trapero, que será sustituido por su hasta ahora número dos, Ferran López, bajo el mando directo del secretario general técnico de Interior, Juan Antonio Puigserver.
Consagrados por el Estatut de 2006 como policía integral de Cataluña, un total de 16.783 efectivos forman actualmente el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, que culminaron su despliegue por toda Cataluña en 2008 y que desde el verano pasado han experimentado los meses más agitados de su convulsa historia, al tener que lidiar con los atentados yihadistas del 17 de agosto y con su papel clave en el proceso soberanista y el referéndum del 1 de octubre.
La gestión de los Mossos d’Esquadra tras los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), no exenta de algunas polémicas, propició un gran reconocimiento al cuerpo en varios sectores de Cataluña y especialmente a su mayor, Josep Lluís Trapero, que en tan sólo unos meses ha pasado de los altares de los independentistas a declarar como imputado por sedición en la Audiencia Nacional y ser desposeído de su cargo.
Trapero, hombre de la máxima confianza del también cesado presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, se ha visto inmerso, al igual que los Mossos, en una encrucijada de difícil resolución: mientras el gobierno catalán prometía que su policía garantizaría la votación el 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, la justicia les ordenó impedirlo.
Tras la apertura de la mayoría de los más de 2.000 colegios electorales del 1-O que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligó cerrar a los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional cargaron contra los concentrados en algunos de los puntos de votación, lo que ha derivado en un cruce de reproches entre cuerpos y ha llevado a la policía catalana a ser investigada en varios juzgados por su supuesta pasividad.
Con un conseller, Joaquim Forn, y un director político, Pere Soler, ambos independentistas sin tapujos, recién aterrizados en el departamento de Interior para relevar a Jordi Jané y Albert Batlle -partidarios de que la policía catalana se limitara a cumplir y hacer cumplir la ley-, los Mossos han acabado siendo intervenidos en aplicación del artículo 155 de la Constitución en pleno pulso entre la Generalitat y el Gobierno.
Pese a que fueron creados en 1719 por un capitán general del ejército borbónico como unas escuadras de paisanos organizadas para mantener el orden, vigilar caminos y garantizar la seguridad de los pueblos cuando el ejército regular era movilizado, los Mossos d’Esquadra, tal y como se les conoce en la actualidad, tienen una corta historia, que se empezó a gestar en 1983, cuando el Parlament los definió como la policía autonómica de Cataluña.
De hecho, tras su creación, los Mossos tuvieron un papel testimonial, dependiendo la mayor parte de su historia de la Diputación de Barcelona, hasta que en 1939, al finalizar la Guerra Civil, fueron abolidos por el régimen franquista porque se habían mantenido fieles a la República.
En 1950, la Dictadura recuperó a los Mossos como un servicio folclórico, adscrito de nuevo a la Diputación de Barcelona, hasta que, en 1980, una vez restaurada la Democracia, fueron transferidos a la Generalitat para custodiar edificios oficiales.
Desde entonces, los Mossos no han hecho más que crecer en efectivos y en competencias: en 1983, una ley del Parlament les convirtió en la Policía de la Generalitat, en 1994 la Junta de Seguridad formalizó su primer despliegue en sustitución de Guardia Civil y Policía Nacional y en 1996 asumieron Tráfico.
Mientras se iban sucediendo las promociones de agentes, los Mossos completaron su despliegue por toda Cataluña en 2008, tras implantarse tres años antes en Barcelona.
La gestión del orden público, que pasó a ser competencia de los Mossos, generó grandes quebraderos de cabeza a la policía catalana y la sumió en varias polémicas que parecían no tener fin y que llevaron en 2014 a Trapero a pedir públicamente disculpas a los «perjudicados» por alguna actuación policial.
No fueron pocas las polémicas que los Mossos encadenaron durante años: desde el desalojo de los indignados de la plaza Cataluña, con cargas que dieron la vuelta al mundo, hasta la muerte del empresario Juan Andrés Benítez cuando era reducido a golpes, o el caso de Esther Quintana, la mujer que perdió un ojo al recibir el impacto de un proyectil policial, en un episodio que propició la prohibición de las pelotas de goma en Cataluña en abril de 2014.
Sin embargo, con la irrupción del proceso soberanista, y especialmente tras los atentados yihadistas de agosto, los Mossos fueron recuperando popularidad en Cataluña, especialmente entre sectores independentistas, en contraposición con los recelos que su papel concitaba cada vez más en el Gobierno.
Los Mossos, que en julio se integraron en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo (CITCO) y la Mesa de Evaluación del riesgo terrorista, han reivindicado hasta ahora sin éxito tener presencia directa en Europol o Interpol, así como asumir el control de extranjería, flora y fauna y de puertos, aeropuertos y armas y explosivos, en manos de Guardia Civil y Policía Nacional.