En estos términos se refirieron durante el XII Congreso de FEFE, celebrado del 12 al 14 de junio en León, donde además han recordado al Gobierno y las Administraciones autonómicas que es necesario que se promueva una estabilidad jurídica y económica que «garantice la igualdad y la equidad de los ciudadanos en el acceso a los medicamentos en todo el territorio español».
«Los farmacéuticos seguimos abiertos, como lo hemos estado a lo largo de nuestra dilatada historia de activa presencia al servicio de la sociedad, a afrontar los cambios necesarios para conseguir más y mayores cotas de calidad en la prestación farmacéutica, siempre dentro de los parámetros de responsabilidad, profesionalidad y de evidencia científica, para lo que precisamos de un inmediato marco jurídico y económico estable y predecible, del que hace ya mucho tiempo venimos careciendo», explican.
Y, en esta línea, han defendido el actual modelo español de propiedad-titularidad que recae en el farmacéutico ya que «está asentado y testado», y además de que cumple el objetivo de «interés público».
Al respecto, recuerdan que el Alto Tribunal Europeo de Justicia avala este modelo y sentencia que la regulación de la propiedad-titularidad exclusiva para el farmacéutico es compatible con el derecho de la Comunidad Europea y es una garantía de calidad añadida y efectiva para los ciudadanos.
Por lo tanto, «queda probado y constatado que un posible cambio en la propiedad-titularidad de las oficinas de farmacia no produciría ahorro de gasto y sí degradaría la calidad del servicio sanitario de prestación farmacéutica»; asimismo, consideran que la desregulación no disminuirá el gasto farmacéutico ni reducirá el precio de los medicamentos, tal y como se ha demostrado.
A demás, entienden que «cambiar el modelo pondría en riesgo la calidad de la prestación farmacéutica y supondría un tercer copago encubierto para los ciudadanos», y ponen de ejemplo países que cuentan con modelos libres de propiedad como Irlanda, Bélgica o Eslovaquia, donde tienen gastos farmacéuticos por habitante muy elevados.
Asimismo, FEFE ha aprovechado este encuentro para pedir al Gobierno que procure, «por coherencia», la retirada inmediata del Decreto Ley 2/2013 de la Comunidad Valenciana por que «incurre en flagrantes vicios de inconstitucionalidad», o al menos se modifiquen aquellos aspectos que generan conflicto con la legislación estatal y con los derechos de los pacientes.
A su juicio, este Decreto, que acaba con la facturación unificada de los farmacéuticos, causará daños irreversibles al Sistema Sanitario y discriminará a los ciudadanos valencianos en el acceso al medicamento.
Por otro lado, han apoyado a los medicamentos genéricos al considerar que se trata de un mercado que está «estancado» y está perdiendo su valor como herramienta principal de control del gasto y generador de ahorro en la factura farmacéutica; y han recordado la importancia de los medicamentos de autocuidado de la salud como herramienta de ahorro para el SNS, ya que suponen una descarga económica importante y generan ahorro, favoreciendo así la sostenibilidad económica.