En un comunicado, esta entidad consideran «un hecho positivo» la decisión del juez dado que «se trata de personas que han hecho un gran daño a la sanidad madrileña».
Además, considera que «pone en evidencia que los procesos de privatización sanitaria están plagados de irregularidades y de intereses cruzados que encarecen los costes, empeoran la calidad del servicio sanitario y hacen patente que los mismos no se hacen para mejorar la eficiencia y la eficacia de la Sanidad».