La Ley de Transparencia dice que los altos cargos de las administraciones no podrán aceptar “regalos que superen los usos habituales, sociales y de cortesía”. ¿Significa que se quedarán sin la cesta de Navidad? “No es una cuestión de marca o tipo de producto, sino del concepto. Podrán aceptar regalos que se harían en un entorno de trabajo o por cumpleaños”, sostienen en el Ministerio de Presidencia, que ha promovido la norma, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado.
El Gobierno había estudiado la posibilidad de establecer límites cuantitativos a los regalos, pero al final optó por fijar “un límite cualitativo” para hacerlo coincidir con “el tope mental” de lo que se considera un obsequio de cortesía. “A un director general se le podrán regalar libros, pero no un coche de 6.000 euros”, explican en el Ministerio que dirige la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Otros ejemplos: sí podrán recibir un iPhone corriente o un teléfono inteligente que no sea de última generación, un reloj valorado en 70 euros, pero no un modelo valorado en 3.000 euros. “Cuando se habla de uso social se debe pensar en el regalo por Navidades o un cumpleaños, y que sea un coste normal”.
Los mismo límites que a abogados, notarios o arquitectos
Los límites en los regalos para los políticos son los mismos que se les impondrán a los colegios profesionales, como abogados, notarios, arquitectos o procuradores. El anteproyecto de ley de servicios profesionales comparte prácticamente el mismo redactado que la Ley de Transparencia: «No aceptarán regalos o servicios para sí en condiciones ventajosas, que superen el uso social y que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones». Fuentes de la Unión Profesional sostienen que el proyecto legislativo está diseñándose en el Ministerio de Economía, pendiente de revisión por parte del Consejo de Estado.
Los que no se ven afectados por la Ley de Transparencia son los funcionarios. Según el articulado, se someterán a la norma los miembros del Gobierno, los secretarios de Estado y los altos cargos de la Administración central, además de los puestos de dirección y cúpula y represenantes políticos de las administraciones regionales y locales.
«No es una ley ambigua»
Tal y como se ha redactado la norma, la interpretación queda abierta, aunque en el Ministerio sostienen que “no es ambigua”. Recuerdan que durante la tramitación parlamentaria los grupos no plantearon introducir límites económicos en los regalos. Añaden que por sentido común se puede saber si un cargo público se ha excedido; en ese caso, se denunciará por la vía administrativa, a priori. Pero el caso también podría llegar a los tribunales.
¿Qué pasa si el alto cargo incumple la ley? Se enfrentará a un expediente sancionador, que va desde una amonestación, al cese del cargo, la supresión de indemnizaciones e incluso una denuncia ante los tribunales. La norma señala, además, que en el caso de “obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.
El caso llegará a la Justicia si se denuncia que el regalo ha condicionado una decisión o esconde un trato de favor. Se trataría de una denuncia por cohecho que se castiga con hasta cuatro años de cárcel. No obstante, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quiere endurecer el cohecho pasivo, que consiste en aceptar regalos por la condición política. En la actualidad la pena máxima es de un año de cárcel, por lo que si el condenado no tiene antecedentes penales no ingresa en prisión.