La juez Mercedes Alaya ha dado este martes el primer paso para la imputación de los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo por el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía.
Según Teodoro González Ballesteros, catedrático de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, el auto de la juez no implica una imputación, sino la comunicación de que los nombres de Griñán, Chaves y los exconsejeros aparecen en la causa de un proceso que ha dejado ya 123 imputados.
La juez les comunica de esta manera que pueden personarse en el procedimiento y así tener acceso a todo el material de la causa. A partir de aquí es decisión de los encausados personarse o no. Lo normal es que lo hagan, para saber los indicios que la juez ve contra ellos en el caso de los ERE.
Si llega la imputación formal, Alaya llamaría a declarar a Chaves, Griñán y los exconsejeros de la Junta en un plazo que podría oscilar entre los 15 días y un mes. Si después de tomarles declaración la juez sigue viendo indicios de su implicación en la causa, el caso tendría que ser elevado a un tribunal superior, al ser aforados los implicados. La juez Alaya elevaría la causa bien al Supremo o bien al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Al Tribunal Supremo irá si Chaves está dentro de ella por su condición de diputado en el Congreso de los Diputados o si Griñán ya ha tomado posesión como miembro del Senado. En ese caso, toda la causa pasaría a ser competencia del Supremo, que tendría en su mano decidir si la admite o no. Si la admitiese, el tribunal nombraría un juez de instrucción de la Sala de lo Penal.
Si Alaya no viera indicios contra Chaves y solo contra los exconsejeros y un Griñán que solo es diputado andaluz, Alaya remitiría la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que tendría en su mano decidir si la admite a trámite o no y, en caso afirmativo, nombrar un juez instructor de la sala Penal y Civil para el caso.
Lo que no se puede saber todavía es a las penas que los implicados podrían enfrentarse en caso de ser juzgados. Según González Ballesteros, aunque se demostrara que tanto Chaves como Griñán no tenían conocimiento de los fraudes que ocurrían durante sus mandatos, podrían ser acusados de »culpa in vigilando», término utilizado en Derecho para admitir que una persona es responsable de los actos que realiza otra sobre la que tiene un especial deber de vigilancia. Sí que queda claro con el auto de la juez que el caso de los ERE entra en su fase final en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, donde la juez Alaya ha llevado la riendas del caso más famoso de corrupción en la historia democrática de Andalucía.